Este nuevo instrumento permitirá que los gobiernos municipales puedan contar con suelo adicional para urbanizar con destino social, ya sean espacios públicos, organizaciones sociales o viviendas de promoción social. Al respecto, Zingoni manifestó “Un rasgo fundamental es que, partiendo de la hipótesis que los principales fraccionadores de tierra las destinan a urbanizaciones para sectores de altos ingresos, éste proyecto obliga a direccionar suelo no sólo a calles, espacios públicos y equipamiento comunitario, sino también a viviendas de promoción impulsadas por el Estado ó lotes con infraestructura” Así, con la aplicación de esta ley, se pretende frenar en parte el proceso de fragmentación urbana que desde hace años sufren nuestras ciudades.
