Bonelli, quien impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para interponer un freno a la cadena Farmacity, consideró además que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presión del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema de la Provincia que se debe expedir sobre el tema”.
“Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”, añadió el legislador massista.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, María Isabel Reinoso, precisó; “Es un juicio que inició Quintana en 2012 y ha perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. El año pasado cuando la empresa presentó una queja y pidió el expediente a La Plata, nosotros salimos a alertar que esto se estaba dando vuelta por la influencia del vice jefe de Gabinete de la Nación”.
Por su parte, Reinoso esbozó que “la Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. Y el acceso de medicamentos y la salud es un tema de salud pública”.
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