El Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia, Walter Martello, reclamó al ente regulador el establecimiento de una tarifa comunitaria ampliada que permita paliar los efectos del incremento en las tarifas sobre los centros de salud y sociedades sin fines de lucro.
“Estamos exigiendo la inclusión del Hospital Santamarina, como así también de todos los centros de salud municipales de la Provincia, en un régimen especial a los efectos de que abonen una tarifa mínima. Entendemos que ante tarifazos de este tipo el derecho a la salud queda comprometido, adujo Martello, quien además sostuvo que AySA está utilizando una fórmula polinómica que lleva a que las tarifas terminen siendo exorbitantes y fuera de toda razonabilidad. Afecta derechos colectivos ya que no existe, en el caso de Esteban Echeverría, otro hospital público. Y algo similar ocurre en otros municipios”.
El Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que “lo que sucedió en Esteban Echeverría se repetirá a lo largo y ancho de la Provincia, y por eso se requiere de una solución integral. En el caso de AySA, iniciaremos las acciones ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”.
“Las empresa tiene recursos más que suficientes para dar respuestas y es una compañía cuya mayoría accionaria (90%) está en manos del Estado nacional. Fue beneficiada en 2016 con un incremento tarifario de casi 300%, a lo que sumaron el año pasado aumentos por encima de la inflación oficial. Lo mismo ocurrirá en 2018”, añadió Martello.
Los aumentos tarifarios implicaron un fuerte aumento de las ventas de AySA que en 2016 sumaron un total de 9026 millones de pesos, contra 3.909 millones del año 2015, tal como se consigna en el balance de la propia empresa. A su vez, los incrementos en los valores del servicio también posibilitaron que la compañía, que venía arrastrando números negativos, cerrara el ejercicio 2016 con una ganancia superior a los 432 millones de pesos.
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