De acuerdo con la iniciativa, quedarán sujetos a las disposiciones de esa norma “todas las prestaciones médico-asistenciales relacionadas con pacientes nefrológicos; las personas habilitadas para la atención de los mismos; los procedimientos inherentes; la provisión, adecuación o reparación de máquinas, instalaciones, materiales y elementos permanentes de tratamiento, y toda otra actividad que sea complementaria de dichas prestaciones”. Tras consignar que deberá entenderse por pacientes nefrológicos a quienes padecen tanto una insuficiencia renal crónica terminal como una insuficiencia renal aguda, el proyecto determina -entre otros puntos- que el procedimiento de diálisis “podrá aplicarse únicamente en unidades oficiales o privadas de asistencia médica especializada que hayan sido formalmente habilitadas al efecto por parte de la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia ”. Fundamentos En los fundamentos de su propuesta parlamentaria, que también lleva las firmas de sus pares de bancada Javier Mor Roig, Daniel Expósito, María Isabel Gainza y Gerardo Reverberi, explica en senador López Villa que en la Argentina , como en otros países de Latinoamérica, “la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario severo, ya que esta vinculado no sólo con la pérdida de la salud y la pauperización de la calidad de vida sino, también, con altos costos médicos para su atención”. En ese orden, sostiene que “en nuestro país, la cifra de pacientes dializados aumenta año a año un 10 por ciento, siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de ingreso al tratamiento”, para agregar que “las estadísticas oficiales plantean que a la fecha existen 26.000 pacientes en tratamiento en todo el país, de los cuales 9.400, aproximadamente, habitan en territorio bonaerense”. Luego de hacer referencia a la valiosa información reunida en la base de datos del INCUCAI, y de brindar una reseña vinculada con la creación y expansión de los centros de diálisis, señalan los legisladores de la CC-ARI que “la industria de la fabricación de riñones artificiales ha evolucionado admirablemente”, diseñando equipos sofisticados que permiten realizar el tratamiento del agua, el control computarizado, la ultra filtración, etc., otorgando mayor seguridad y confianza a quienes requieren de este tratamiento que permite al paciente en diálisis crónica su acceso al trasplante renal en condiciones adecuadas. “Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de los pacientes nefrológicos -afirman López Villa y sus pares de bloque- es lograr que las tareas a llevar a cabo; las condiciones laborales y sanitarias en que éstas se realizan y los controles que deben ejecutarse de manera sistemática, estén articulados y supervisados por el Estado, dado que este tratamiento requiere un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros especializados en hemodiálisis y profesionales de apoyo psicológico y funcional por el impacto que genera la aceptación de una enfermedad crónica o hasta la realización de un trasplante” , todo lo cual demanda una legislación específica que regule la formulación y aplicación de tratamientos dialíticos en un marco de adecuada atención, seguridad y eficiencia.-
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