Los siniestros viales resultan la principal causa de fallecimiento de personas menores de 35 años en la Argentina y más del 51% que son atendidas por accidentes, viajan en moto. Ante esto, pedirán que se efectivicen controles para el cumplimiento de la Ley.
“Desde la Defensoría del Pueblo enviamos un oficio a los 135 municipios. Solo obtuvimos respuestas de 28 comunas que habían sancionado ordenanzas de adhesión al convenio firmado en 2008 entre el gobierno bonaerense y la Federación de Expendedores de Combustible y Afines de la provincia de Buenos Aires (Fecoba), y a la reforma a ley de tránsito”, refirió Martello.
Por su parte, el Defensor adjunto remarcó que “las cifras son alarmantes en la provincia de Buenos Aires. El año pasado murieron a causa de siniestros viales 7.213 personas en la Argentina y el 30% de los siniestros fatales se dieron en nuestra provincia, a razón de seis muertes evitables por día”.
En tanto que, Martello indicó que “resulta aún más alarmante el dato expedido por Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), que informó que el 45% de los muertos por siniestros viales circulaban en ciclomotor y el 78% de ellos, no usaba casco”. A su vez, el integrante de la Defensoría alertó que, según informes de la ONG ‘Luchemos por la Vida’, en el Gran Buenos Aires, “el porcentaje de uso de casco es muy inferior al de la Ciudad de Buenos Aires; 87% contra 63%”.
En tal sentido, el Defensor adjunto solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense que se efectivicen medidas para el cumplimiento de la ley 15002 que prohíbe el expendio de nafta a conductores y acompañantes de motos y cuatriciclos que no tengan puesto el casco reglamentario.
Además, el último párrafo del Art. 48 de esa norma establece que, “las estaciones de servicio y expendedoras de combustible deberán colocar en los surtidores y otros lugares visibles carteles con la frase “protegemos tu vida: sin casco no hay combustible”, destacó Martello, quien se encuentra a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
También, es menester aclarar que, para Martello, “con estos datos podemos afirmar que en Argentina mueren más personas por siniestros viales que en hechos delictivos. A pesar de contar con una ley preventiva, la misma no se cumple en su totalidad”. Asimismo, quien colabora arduamente con Guido Lorenzino, anticipó que solicitará al Poder Ejecutivo bonaerense que intime a los municipios a que efectivicen medidas para el cumplimiento de la ley 15002.
Cabe destacar que, en los últimos años, se registró un promedio de 2.347 víctimas fatales anualmente por accidentes de tránsito en la Provincia, lo que equivale a 12 tragedias de Cromañón. Pasados seis años del inicio del ‘Decenio de Acción para la Seguridad Vial’, fijado por la ONU, los resultados no han sido los esperados y más allá de los esfuerzos en la concreción de acciones para disminuir las muertes por incidentes de tránsito a un 50%, no se apreciaron avances sustentables que acarreen una disminución significativa del número de muertes y heridos.
Pero no todo son malas notas en materia de políticas públicas para la seguridad vial, ya que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el año 2009 y las mejoras en esta materia legislativa, han generado elogios de Organismo Internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Un informe del CESVI de los siniestros ocurridos en el país, no sólo en el lugar del accidente, sino también en su evolución posterior, afirma que de cada 100 accidentes que se producen, 90 ocurren por causas humanas, solo cinco por el estado del vehículo e igual cifra por las condiciones en que se halla el terreno o las condiciones del camino.
La incidencia del factor humano en los accidentes de tránsito tiene relación con cuestiones normativas, con el establecimiento de las reglas de tránsito y los mecanismos de sanción correspondientes, pero también con los modos de manejo aprendidos, las conductas viales de inculcación temprana.
“Superada la etapa de la institucionalidad de la seguridad vial como política pública, mediante la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el cuerpo normativo que la sustenta (Ley Nacional de Tránsito, Decretos reglamentarios, etc), es momento de generar acciones creativas para la consolidación de la seguridad vial como política pública”, concluyó Martello.
.gif)
