El organismo representativo del pueblo provincial, se manifestó en contra del gobierno provincial que se direcciona al cierre de casi 40 instituciones educativas en distintas comunas. Al mismo tiempo, la Defensoría le exigió el ejecutivo bonaerense que otorgue una explicación precisa para conocer la intención de tal decisión que generó gran preocupación dentro de la comunicada educadora.
“Estamos en contra de cualquier cierre, porque principalmente descuida y afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados. La decisión va en contra de nuestra mirada federal de la Provincia; es una política basada en la optimización de gastos y no en ver a la educación como una inversión”, precisó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Puntualmente, la Defensoría apunta a saber cuál es la situación de 39 establecimientos que correrían esta suerte en Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría.
Ante este panorama, el organismo envió un pedido de informes a la Dirección General y Educación bonaerense (DGCyE) para conocer en detalle la nómina de escuelas afectadas; la cantidad de alumnos y cargos docentes y auxiliares a los que alcanza la medida; el motivo de la decisión de cierre y destino otorgado a los alumnos que concurrían a las instituciones educativas afectadas, como así también el destino de los edificios en los que funcionan dichas instituciones; si la temática fue tratado por la Unidad Educativa de Gestión Distrital correspondiente; en qué norma se encuadra la decisión de la DGCyE; además de toda otra información de interés.
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