Guillermo Escudero, Diputado provincial justicialista, presentó en carácter de legislador y usuario una denuncia a EDELAP donde solicita al OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que ordene a la empresa a garantizar la regularidad del servicio público de energía eléctrica y el cese en forma inmediata del aumento dispuesto por la última resolución.
Debido a los cortes indiscriminados y a los recurrentes reclamos de los usuarios por las interrupciones intermitentes de energía, sin previo aviso y sin resoluciones aparentes, a través de esta denuncia, se pretende que la autoridad competente inicie de oficio la investigación pertinente y constate las zonas afectadas y denunciadas, que se constituya en el lugar y releve la situación de los usuarios, que ordene a EDELAP a indemnizar los daños y prejuicios sufridos por los usuarios, principalmente comerciantes; realice los respectivos descuentos por la interrupción del servicio y que otorgue lugar al cese de los aumentos establecidos.
“EDELAP no está cumpliendo con la obligación en su carácter de concesionaria del servicio público de electricidad, y su actuar negligente además de afectar la seguridad, la salud, la vivienda, el bienestar y el medio ambiente, promueve incertidumbre al no cumplir con su principal objetivo que es garantizar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio”, expresó Escudero, al respecto.
Escudero precisó que “desde hace aproximadamente dos años, la empresa ha sido beneficiada, compensada y sustentada económicamente con aumentos y condonaciones sin precedentes. En este orden, la empresa ha recibido una condenación de 1789 millones de pesos, siendo en proporción a su zona y a la cantidad de usuarios la más beneficiada”.
En ese sentido, el legislador añadió; “Aun habiendo sido beneficiada económicamente, la empresa no cumple con la Responsabilidad Social de garantizar un servicio esencial y tampoco ha dado muestras de haber desarrollado un plan de inversión serio y sustentable en el tiempo, ni un plan de contingencias para dar respuestas concretas en inmediatas ante las recurrentes suspensiones”.
En este marco y con la denuncia presentada esta mañana por Escudero, en OCEBA,
se considera que la empresa tiene por objeto primordial; abastecer de energía
eléctrica a usuarios radicados dentro del área de concesión en los
términos del art. 10, de la Ley 11769.
Esa distribución además ha sido acompañada por la declaración de servicio público con lo que ello implica. Es decir, no solo es una actividad de distribución sino que el legislador ha resuelto darle un status superior de protección para el usuario con esa declaración.
Por su parte, el art. 2 de la Ley 11769, establece que “la distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires destinados a atender necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios, conforme con la presente legislación, su reglamentación, las regulaciones aplicables y con los términos de los contratos de concesión y las licencias técnicas correspondientes”.
“El derecho del servicio eléctrico debe ser continuo y uniforme, diario y de 24 horas al día”, concluyó Escudero.
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