La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reafirmó su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres y destacó la necesidad de una implementación de nuevas políticas públicas en esta materia.
El titular de dicho organismo provincial, Guido Lorenzino, expresó la importancia de que se ponga en práctica el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género. “Más del 75 % de las causas que se inician por violencia (amenazas y lesiones) se encuentran archivadas. No contar con un patrocinio jurídico gratuito impide continuar con el procedimiento judicial”, sostuvo el Defensor.
Por otra parte, el ente representativo del pueblo, a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), continúa trabajando arduamente y elaborando mecanismos para establecer una labor articulada entre la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Poder Ejecutivo, con la finalidad de elaborar un sistema unificado de gestión de las causas judiciales por violencia de género.
Asimismo, Lorenzino remarcó que “no podemos seguir sosteniendo que en un juzgado de familia se dicte una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se investiga un posible delito”, añadiendo a su vez que “esta práctica demuestra la falta de articulación en los procesos judiciales que se inician por varios hechos padecidos por una misma víctima”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que otra muestra de ausencia de articulación, en este caso entre el poder judicial y el ejecutivo, es la cantidad de mujeres asesinadas que tenían dictadas medidas de protección sin que ningún organismo público se encargara de controlar.
Como parte de este compromiso contra la violencia de género, el organismo defensor propone establecer presupuestos provinciales y municipales con enfoque de género para abordar de manera integral y articulada las violencias contra las mujeres. A su vez, solicita la implementación efectiva de la Ley de educación sexual integral en las provincias, que resulta todavía una deuda pendiente en Rrgentina.
También propone la necesidad de que se adopten medidas para atender el impacto diferenciado que produce el encarcelamiento de mujeres, mujeres madres y personas trans y travestis en el encierro, se promuevan el dictado de medidas alternativas a la prisión y se realicen modificaciones a la legislación en materia de estupefacientes, en virtud de reducir el impacto que su aplicación produce sobre ellas.
Respecto a otras modalidades de violencia contra las mujeres, la violencia obstétrica representa un alto índice de vulneración de los derechos de las personas de sexo femenino, frente a las dificultades que se presentan para dar una respuesta efectiva ante una denuncia.
En lo ya transcurrido del presente año 2017, la Defensoría recibió más de 107 quejas por violencia obstétrica. A pesar de esto, no hay registros de sanciones al profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica a partir de estas denuncias, ni tampoco un protocolo para tramitar estas denuncias en el ámbito privado.
.gif)
