El proyecto contempla que “Las comisarías de la mujer y la familia instaladas y a instalarse en la Provincia de Buenos Aires, deberán prever y organizar sus recursos materiales, humanos y el espacio físico necesario que permita garantizar de modo apropiado la asistencia inmediata: denuncia, contención, tratamiento y derivación, de situaciones de desprotección, violencia, abuso, maltrato, acoso sexual y otras de similar naturaleza, que afecten a las victimas”. Además, según explicó el legislador: “El proceder del personal policial femenino que se destine a estas dependencias, será monitoreado por el equipo interdisciplinario y por las redes locales y regionales. Este equipo deberá estar integrado como mínimo por un abogado/a, un psicólogo/a, un trabajador/a social, un psicólogo/a social y un médico/a forense por turno”. “En los distritos en los que no existen las comisarías especializadas, las mujeres víctimas de ataque, padecen el doble trauma de no poder ser asistida adecuadamente tras los hechos de violencia. Esto hay que imponerlo como una obligación de existencia en la totalidad de la provincia, y la ley es clara además autorizando al gobernador a readecuar presupuestariamente lo que haga falta para llevar esto delante de inmediato”, indicó el autor de la iniciativa.
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