Inundaciones, terremotos, sequías, nevadas, el mundo está cambiando y eso no es novedad. A pesar de las claras evidencias que demuestran que el cambio climático es un fenómeno que llegó para quedarse, en nuestro país no se han desarrollado políticas especificas para combatir la problemática. Ante la fuerte regulación que deben afrontar en sus países de origen, cientos de empresas contaminantes optan por venir a instalarse a la Argentina, sacando provecho de esta manera de la laguna normativa existente en materia de legislación ambiental. Por esto, es preciso trabajar fuertemente en la elaboración de leyes que permitan mitigar y controlar la contaminación emanada por estos emprendimientos. Hay que remarcar la reiterada incapacidad demostrada por el Organo de Aplicación encargado de regular la política ambiental en la Provincia de Buenos Aires: el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). No puede ser que este ente, encargado de controlar y prevenir los focos de contaminación, dependa de los datos que le entregan las empresas para así autorizar- o no- la entrega de los correspondientes certificados de aptitud ambiental. Actualmente, estamos trabajando para profundizar el poder de policía del OPDS, ya que de esta manera, podremos impulsar medidas de control preventivas que permitan erradicar los focos de contaminación que hoy en día perjudican a la salud de los bonaerenses más carenciados. En ese sentido, también presentamos un proyecto que obliga a las empresas que contaminan a establecer un área buffer de no menos de 50 metros que permitirá limitar el efecto nocivo, y también servirá para que no puedan instalarse a pocos metros de los centros poblados. Al fin y a cabo es la gente con mayor necesidad la que termina sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de las emanaciones contaminantes, ya que al no tener los recursos económicos suficientes para mudarse a zonas más limpias, terminan conviviendo a diario con todo tipo de focos infecciosos que amenazan la integridad física de las personas.