La Comisión de Educación de la Junta Central de La Plata, de la UCR, manifiesta que resulta sumamente preocupante la desmedida utilización del término “violencia escolar” en los titulares de los distintos medios de comunicación. Se estima que tal enunciación daña, denigrándola, la institución “escuela”, permitiendo suponer que los hechos violentos protagonizados por ciertos alumnos, y que en la mayoría de los casos suceden fuera de los establecimientos educativos, son responsabilidad de dichas instituciones. Las actitudes violentas de niños y adolescentes no son más que el reflejo de la violencia social en que estamos inmersos y que no sólo debe interpretarse como agresiones físicas o verbales entre personas con criterios opuestos, sino también como actos de abandono, desinterés, denigración, falta de oportunidades y necesidades básicas insatisfechas, dentro de cada familia y, en consecuencia, de la sociedad circundante. Esta realidad, de la que todos somos parte, empuja, muchas veces, a nuestros niños y jóvenes, a deambular, sin esperanza, fuera de sus hogares, favoreciendo la formación de grupos, “clanes” o “tribus”, entre iguales, con códigos propios, absolutamente contrarios a las normas establecidas, donde la violación de las mismas es lo que favorece su inclusión en el grupo y/o el liderazgo. Tal comportamiento es transversal y se verifica a diario en todas las clases sociales. La Escuela, no es más que la víctima en esta realidad ,por cuanto recibe a todos los niños y adolescentes, que llegan, cada uno, con su propia historia de vida y sus mochilas cargadas con las pautas de comportamiento social que supo adquirir en su ámbito de pertenencia. Los docentes, preparados para enseñar todo lo que hace a la formación intelectual de los alumnos, han tenido que ocuparse, en los últimos años, de paliar esas falencias de base, sin conocimientos específicos, sin más armas que las que le confiera su instinto y sin apoyo oficial serio de ningún tipo. Desde el Estado (en todas sus jurisdicciones), no se realiza ninguna acción clara y concreta que tienda a mejorar este estado de cosas. Las propuestas son parciales, carecen de seguimiento y no se conectan entre sí. La desjerarquización de la Educación Pública se remonta a los inicios de la década del 90 con la aplicación de políticas neoliberales que, en principio, parecieron favorecer a la enseñanza privada, y que luego derivaron en un caos total, que sólo persiguió obtener egresados sin sentido crítico, con conocimientos limitados e incapaces de desenvolverse con solvencia en su quehacer futuro. Las escuelas se transformaron en “guarderías” que, con el pretexto de la inclusión, pasaron a ocuparse de cuestiones sociales incumbentes a otros ámbitos de Estado, dejando muy escaso margen al desempeño de su función específica que es “formar al futuro ciudadano”. Este tipo de escuela contenedora y permisiva, donde se ordenó promover a los alumnos sin conocimientos y a la que se impidió poner límites ante conductas inadecuadas, fue cuestionada permanentemente desde la U.C.R. a través de sus legisladores, consejeros escolares, docentes y dirigentes, que advertimos desde un principio el descalabro que se estaba generando, pero nunca fuimos escuchados. La soberbia del partido gobernante continuó y profundizó su política destructiva y asistencialista hasta generar en la sociedad el concepto de que la escuela es la responsable de las actitudes antisociales, hábitos nocivos e incompetencias cognitivas de todos los argentinos menores de treinta años, con lo que pretende desvincularse políticamente del asunto y sólo habla de buscar soluciones de coyuntura, tales como bajar la edad de imputabilidad de los menores, o grandes anuncios “gatopardistas” como el lanzamiento de la Nueva Secundaria de la Provincia de Buenos Aires.
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