La reciente presencia de Javier Milei en un portaaviones de Estados Unidos en aguas argentinas no es un hecho aislado. Es la expresión de una mirada que pone en discusión la soberanía nacional y el rol del Estado frente a intereses estratégicos.
En este sentido, no es casual que la llamada “modernización laboral” pretenda excluir a los trabajadores marítimos, portuarios y fluviales de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco es casual el avance sobre quienes, todos los días, sostienen la soberanía nacional desde su trabajo.
Porque cuando se limita al trabajador pesquero en el mar, al fluvial en la cuenca del Paraná o al portuario en el Atlántico, lo que está en juego no es sólo empleo: es la presencia argentina en sectores estratégicos.
Esto no es nuevo. Eva Perón decía: “donde hay un trabajador, está la Patria”. Y más adelante en el tiempo, en los años 90, ya se había avanzado sobre nuestra soberanía desplazando la bandera nacional de la navegación. Hoy van más allá: buscan debilitar tanto la bandera como los derechos de quienes la sostienen.
Al mismo tiempo, se impulsa un modelo que desarticula la producción nacional. En el sur, esto se expresa en el intento de vaciar la industria —como la metalúrgica en Río Grande— y reconfigurar el control estratégico de la Patagonia.
La discusión de fondo es clara: soberanía o entrega.
Axel Kicillof defiende la producción, el trabajo argentino y la soberanía nacional.
Javier Milei avanza en un modelo que desprotege a los trabajadores y pone en riesgo intereses estratégicos del país.
