Cuando el delito usa tu nombre: el caso que muestra que nadie está a salvo
El senador provincial Pablo Petrecca realizó el pasado 12 de marzo de 2026 una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) tras detectar que personas desconocidas utilizaban su imagen en perfiles falsos de WhatsApp para engañar a comerciantes de la ciudad de Junín y apropiarse de bienes de manera ilícita.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, esa denuncia permitió destapar una modalidad delictiva en expansión: la suplantación de identidad con fines de estafa, basada en el uso de tecnología, manipulación psicológica y estructuras organizadas.
A partir de la investigación llevada adelante por la DDI Junín -con tareas de inteligencia criminal e intervención telefónica- se logró identificar una organización delictiva que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense, específicamente desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, con ramificaciones en Junín y Pergamino.
Como resultado, la Justicia ordenó allanamientos, detenciones y secuestro de elementos vinculados a la causa, confirmando la existencia de una red organizada que utilizaba dispositivos móviles para cometer estafas desde el encierro.
Este caso expone con claridad un problema estructural: las cárceles, en muchos casos, han dejado de ser únicamente espacios de cumplimiento de pena para transformarse en plataformas desde donde se coordinan delitos hacia el exterior.
Fue precisamente esta experiencia -directa, concreta y documentada- la que llevó al senador Petrecca a dar un paso más: transformar un hecho delictivo en una iniciativa legislativa orientada a cerrar esa brecha.
DE LA DENUNCIA AL PROYECTO: UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL
En ese contexto, el senador presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazar el actual esquema por un sistema legal, controlado y transparente de comunicaciones.
La iniciativa surge como respuesta directa a lo evidenciado en la investigación: la ausencia de reglas claras y de control efectivo sobre las comunicaciones intramuros.
Actualmente, el uso de dispositivos móviles en el sistema penitenciario se rige por un protocolo excepcional dictado durante la pandemia en 2020, que continúa vigente sin respaldo legal ni supervisión legislativa.
Frente a esto, el proyecto propone pasar de la improvisación a una política pública estructurada.
COMUNICACIÓN SÍ, PERO BAJO CONTROL DEL ESTADO
El eje central de la iniciativa es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplaza el uso de celulares personales.
El sistema funcionará bajo una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, permitiendo únicamente comunicaciones con contactos previamente autorizados, con trazabilidad y supervisión estatal.
A partir de su implementación:
• Se prohibirá la tenencia de celulares privados dentro de las unidades penitenciarias
• Su incumplimiento será considerado falta grave
• Tendrá impacto en beneficios penitenciarios como salidas transitorias
“Esto no es un hecho aislado. Es una modalidad que crece, se perfecciona y necesita una respuesta institucional clara. No se trata de eliminar la comunicación, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado. Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para delinquir”, sostuvo el senador.
La evidencia es clara: sin control, sin trazabilidad y sin regulación legal, las comunicaciones intramuros pueden convertirse en herramientas para delinquir.
UNA AGENDA QUE NACE DE LA REALIDAD
La denuncia inicial no solo permitió desarticular una organización criminal. También puso en evidencia una falla del sistema.
A partir de ese hecho, el senador Petrecca impulsó una propuesta legislativa que apunta a una respuesta de fondo: terminar con la improvisación, recuperar el control del Estado y cerrar las grietas por donde hoy el delito se organiza, opera y avanza desde adentro del sistema.
