La Fundación Apolo presentó una denuncia penal por la posible comisión del delito de encubrimiento contra funcionarios públicos aún no identificados que podrían pertenecer al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a fuerzas de seguridad, a raíz de maniobras destinadas a frustrar allanamientos judiciales vinculados a la investigación de bienes presuntamente ocultos de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación sostiene que, en la noche previa a un allanamiento ordenado judicialmente sobre una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, se produjo la remoción de bienes del predio, entre ellos catorce caballos, en un operativo nocturno que coincidió con un desperfecto técnico simultáneo en los sistemas de videovigilancia de la zona. Los animales fueron trasladados primero a un complejo inmobiliario con stud y luego a una propiedad de grandes dimensiones perteneciente a un dirigente político del conurbano bonaerense.
Según se expone en la denuncia, la secuencia de hechos —remoción nocturna de bienes, fallas en las cámaras de seguridad y cercanía temporal con una medida judicial inminente— permite inferir razonablemente la existencia de un aviso previo destinado a neutralizar la eficacia del allanamiento. En ese sentido, se remarca que el acceso anticipado a información reservada sobre la fecha y modalidad de una diligencia judicial solo puede explicarse por la intervención indebida de funcionarios con acceso a ese tipo de datos.
La Fundación Apolo encuadró los hechos en el delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal, al considerar que existió una ayuda concreta para eludir la investigación de la autoridad y sustraer bienes del alcance de la Justicia. Asimismo, advirtió sobre la posible aplicación de las agravantes previstas en la norma, en caso de comprobarse la participación de funcionarios públicos mediante la filtración de información sensible o la facilitación material de las maniobras denunciadas.
La denuncia fue presentada con las firmas de Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio de Ignacio Falcón y Nicolás Silvera; y solicita la apertura de una investigación penal exhaustiva para individualizar a los responsables, determinar el origen de las filtraciones y establecer el grado de participación funcional de los distintos actores estatales involucrados.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, bajo la indicación "CFP 281/2026".
Finalmente, la ONG recordó que esta denuncia se suma a otras presentaciones realizadas anteriormente en el marco de la misma causa, en las que ya se había advertido sobre posibles irregularidades, entorpecimientos y conductas destinadas a obstaculizar la acción de la Justicia. Desde la entidad sostienen que la reiteración de estos episodios refuerza la necesidad de investigar a fondo si existe un esquema sistemático de protección y encubrimiento en favor de los máximos dirigentes de la AFA.
