Los temas incluidos en la propuesta de los legisladores incluyen preguntas referentes a la denuncia presentada por el titular de la cartera de Seguridad, sobre el “supuesto complot policial para desestabilizar la gestión (suya y) del gobernador Daniel Scioli, a través de la sucesión de "hechos violentos" de inseguridad. Precisó que el modus operandi consistiría en "reclutar menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria" e instaló la sospecha de que los homicidios de mujeres en asaltos cometidos en el último mes en el conurbano "podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados". 1) En primer lugar, es necesario citar declaraciones del ministro (del 11/03/09) en una entrevista publicada por Ámbito Financiero, donde afirmaba que “hicimos un gran cambio en la organización de la policía, en la cadena de mandos y la recuperación de actitud de la policía”… “Todo se vincula: también el daño que produjo la corriente ideológica que pensó que podía haber seguridad sin Policía, que ha destruido o autodestruido la fuerza”;…”P.: ¿Hay un complot de ex policías contra el gobierno? Stornelli: Con el pasado de esta política no es desacertado pensar en bandas delictivas con uniformes o sin él que estén operativas; o mano de obra desocupada. Pero quiero ser claro: si hay nostálgicos de una Policía que ya no es, les mando el mensaje -que ya les mandé antes- que no hay lugar para ellos en la fuerza”. Ante esta respuesta nos preguntamos “¿cómo explica el cambio de sus afirmaciones en este reportaje con la actual denuncia penal realizada en la que sostiene que existe un complot policial para desestabilizarlo, siendo que el personal policial es el mismo que días atrás defendía férreamente?” 2) Otra de las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria se refiere a “¿cómo es posible que (el ministro) desconociera los “negocios espurios” que se desarrollaban en la división Automotores de Policía, teniendo en cuenta que su gestión se inició hace ya dos años?” 3) Además, la denuncia de Stornelli afirma que el 16 de noviembre desplazó a los responsables de Sustracción de Automotor, área en la cual el Comisario Inspector Marcelo Andrade era el titular y a poco del descabezamiento de esa dependencia ocurrieron los crímenes que incluyen los asesinatos de Renata Toscano, de Sandra Almirón y de Ana María Castro. “¿Por qué no desafectó automáticamente a Andrade de esa dependencia, en vez de asignarle con fecha 30 de noviembre pasado, el cargo de Jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes, del cual fue relevado recién el 16 de diciembre?” 4) Además de la mediática y contradictoria denuncia penal realizada ¿dio intervención al área específica que existe dentro del Ministerio de Seguridad para investigar a la policía, que es la Auditoría de Asuntos Internos? Y ese órgano de control ¿realizó alguna investigación de las causas penales donde se involucra a miembros de la policía reclutando menores para delinquir?” 5) Es preciso citar las declaraciones que meses atrás realizó el Doctor Luis Arias, juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, cuando denunció una supuesta complicidad entre Policía y delincuentes, destacando una veintena de causas penales donde estaría comprobado que miembros de la fuerza policial reclutan menores de edad marginales para que cometan delitos. En esa ocasión, el propio ministro Stornelli había pedido el desafuero del magistrado Arias por la acusación realizada. Entonces queda preguntarse ¿qué cambió en la situación para que sea ahora Stornelli el que denuncia a la policía? 6) Por último, en julio del año 2003 se promulgó la ley provincial 13.081, para controlar el comercio relacionado con la compra y venta de autos y barcos; y obligar a confeccionar un libro foliado y rubricado por el titular de cada comisaría. A su vez, la policía debía llevar el Registro de Control de Comercios Vinculados a la Actividad de Automotores. Esta norma se dictó a raíz del incremento de los delitos de robo de automotores y con la convicción de que este tipo de delito involucraba cobertura policial, por lo que se decidió atacar la cadena de comercialización con férreos controles lo que provocó, inmediatamente, una baja pronunciada en el número de muertos en ocasión de robo de autos. “Por eso nos gustaría saber ¿Qué sucedió con dicha norma que había resultado efectiva para contribuir en la lucha contra los desarmaderos ilegales? ¿Disminuyeron los controles? Y de ser así ¿por qué?”, indicaron los diputados de la UCR. “Ante la gravedad de la denuncia realizada, es preciso interpelar al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que pueda expedirse sobre los distintos aspectos relativos al caso y de esa forma poder evaluar su accionar”, concluyó Panella.
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