Sin dudas, la regularización dominial va más allá que la simple la documentación que acredite la titularidad de un inmueble; sus efectos impactan directamente en la familia que habita dicho bien y, por otro lado, genera consecuencias sociológicas dentro de la comunidad que la misma conforma.
La tranquilidad jurídica de la vivienda propia le permite a la familia poder planificar a futuro, a invertir en mejoras, a proyectar modificaciones en virtud a necesidades, pero fundamentalmente, a darle la certeza del techo legalmente propio a quienes hasta el momento de la regularización de dominio no la tenían.
El aumento de la magnitud poblacional viviendo en diferentes tipos de informalidad, en un contexto macroeconómico de mayor inequidad que en décadas anteriores y la imposibilidad de brindar un hábitat adecuado, ha definido que los diversos gobiernos encaren políticas tendientes a mejorar la situación urbana de dichos hábitats informales y/o solucionar la tenencia irregular de los mismos sin una política con sostenimiento en el tiempo.
Los supuestos son diversos, los mismos han guiado tanto la formulación como la ejecución de los programas y proyectos, los que con diferentes enfoques, han producido también distintos tipos de soluciones y resultados para la población.
El estado tiene un rol fundamental ya que debe bregar por los derechos de sus habitantes y la prosecución del bienestar de las personas que lo conforman, y el error ha radicado en la falta de criterios de los gobiernos en relación a la vital importancia que reporta la solución del problema en términos de inclusión, principalmente del estado nacional, cuya ausencia es en la actualidad evidente.
La improvisación trae malas consecuencias, y en los que nos convoca la consecuencia es el aumento de la irregularidad de dominio. Los asentamientos han aumentado como también creció la densidad de población en los existentes, y la cantidad de escrituras, entregadas en el marco de diferentes normativas para resolver la irregularidad, ha disminuido.
Un claro ejemplo es la aplicación de la ley 24.374 en la provincia de Buenos Aires, ley nacional que fuera sancionada hace poco menos de 30 años, que fue modificada en el año 2008 en relación al anclaje en el tiempo de posesión. Pero hoy la crítica situación financiera de la provincia de Buenos Aires generó, entre otras cosas, la desatención a esta herramienta de inclusión, no permitiendo que familias bonaerenses puedan ser beneficiarias de la misma.
La Ley 24.374 servirá para atender una porción de las situaciones a resolver en cuestión de titularización, pero no se agota allí, se deberá contemplar las diversas circunstancias que deberán sanearse.
El desafío
Es menester a futuro fijar una política pública en relación al habitat, y que la regularización dominial sea efectivamente un hecho, ya que redundaría en mayor ciudadanía. Es conocido el diagnóstico del problema, queda elaborar políticas públicas a largo plazo, mientras que a mediano y corto plazo debe existir una correcta utilización de las herramientas existentes para resolver la incertidumbre que padecen miles de familias en virtud al título perfecto del lugar que habitan, su hogar.
Poner en agenda esta situación implica abordar seriamente y con la proyección a futuro que merece la temática.
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