Los trabajadores y las trabajadoras argentinas tienen un doble desafío que afrontar frente a la inédita situación del Covid-19: uno son los efectos propios de la pandemia, y el otro es la crisis económica-social heredera del gobierno macrista.
La Argentina prepandemia se encontraba en un escenario de alta fragilidad por el tamaño de la deuda, la caída de la actividad económica y una inflación de más del 50%, configurado una situación macroeconómica muy complicada.
En estos últimos años la situación social y laboral se deterioró, creció la pobreza a un 40%, el desempleo a dos dígitos, disminuyeron los ingresos y aumento la precarización. Según un informe del Centro Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martin, previo a la pandemia, 8,6 millones de personas atravesaban problemas de empleo severos, cifra que representaba al 45% del total de los trabajadores activos. De ese conjunto, 1,6 millones se encontraban desocupados y 7 millones trabajan en condiciones de informalidad (4 millones en relación de dependencia y 3 millones como trabajadores independientes que no están inscriptos ni al régimen de monotributo ni al de autónomo).
Respecto a los desafíos ante la Pandemia Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, priorizando la vida y salud de la población a la vez de paliar los efectos económicos, la Organización Internacional del Trabajo sugirió tres líneas de acción:
1.”Proteger a los trabajadores ya sea en los lugares de trabajo fortaleciendo las medidas de salud y seguridad laboral, o bien promoviendo el teletrabajo.
2. Estimular la economía y la demanda laboral mediante políticas fiscales, monetarias y de apoyo financiero.
3. Sostener el empleo y los ingresos extendiendo la protección social, implementando políticas de preservación de puestos de trabajo amenazados y apoyando a las pequeñas y medianas empresas.”
De una manera esquemática, podemos enumerar los desafíos y acciones en nuestro país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde más se profundizan los mismos:
Mantener el nivel de empleos y los salarios: Salvo en los sectores considerados “esenciales”, la actividad está paralizada, e incluso en muchos de ellos se funciona con dotaciones de personal mínimas. Los despidos y suspensiones con baja salarial aparecen como una amenaza.
El gobierno prohibió los despidos sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor por un período de 120 días, así como también las suspensiones.
A través del Programa de Asistencia al trabajo y la Producción (ATP) el estado nacional paga hasta el 50% de los salarios de los empleos privados afectados por la pandemia. Se alcanzó un universo de 2.400.000 trabajadores. Además de créditos a Tasa 0% para monotributistas y autónomos, y de 24% para el pago de salarios y bienes de capital. También se han firmados acuerdos tripartitos para mantener las fuentes de trabajo.
Salud y Seguridad en los puestos de trabajo: La OIT señala importancia de garantizar una protección adecuada a todos aquellos que continúan trabajando durante la crisis y a las actividades que se vayan exceptuando. Eso requiere garantías de seguridad y salud en el lugar de trabajo; acuerdos laborales debidamente diseñados, como el teletrabajo; y las licencias remuneradas por enfermedad. También resalta medidas adoptadas por la Argentina:
● Considerar al COVID-19 presuntivamente una enfermedad de carácter Profesional-No listada.
● Licencias para trabajadores con responsabilidades de cuidado y de grupos de riesgo. El MTEySS otorgó licencia a trabajadores del sector público y privado con hijos escolarizados (la licencia se otorga a uno de los padres o tutores), trabajadoras embarazadas, trabajadores mayores de 60 años (excepto los que cumplan servicios esenciales) y trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo. Se fomentó del trabajo remoto como medida de cuidado de las personas.
● Protocolización de todas las actividades laborales.
● El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires estableció, mediante la Resolución 135, que los empleadores deberán "confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento, a un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo”. Para ello, deberán determinarse los procedimientos y medidas adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo sobre cada tarea o actividad -en particular aquella expuesta al agente de riesgo de contagio- y fijarse las condiciones, recaudos y el uso de elementos de protección personal específicos que correspondan implementar en cada caso. En caso de incumplimiento, se considerara una falta grave.
Trabajo no registrado: La crisis está instando a que muchos países avancen en el cumplimiento de una cuenta pendiente, que es la de incluir en los sistemas de protección social y laboral a ese conjunto de trabajadores cuyo denominador común es la precariedad. En la Argentina ya se contaba con un piso de protección social con las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo y el salario social complementario más otros programas como la Tarjeta la Alimentar, que ayudaron a llegar más rápidamente a los sectores más vulnerables. Pero un gran desafío es llegar a los sectores medios que no están habituados a interactuar con el Estado. El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento describe esa situación en el conurbano bonaerense:
“…los grupos cuyo sustento estaba ya ligado a transferencias de ingresos por parte del estado y que, en relación con ello, también se encuentran más organizados en asociaciones y organizaciones, aparecen más protegidos en comparación con otros que se encontraban antes de la pandemia en una posición menos desventajada que aquellos, percibiendo ingresos laborales moderados provenientes de su actividad autónoma”
Se instituyó el “Ingreso Familiar de Emergencia” para preservar los ingresos de los sectores más vulnerables, que consiste en un pago de $10.000 para desocupados; trabajadores informales; monotributistas inscriptos en las categorías más bajas y monotributistas sociales; y trabajadoras de casas particulares, alcanzando a casi 9 millones de beneficiarios quienes ya están cobrando el segundo pago.
Teletrabajo: Hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que - aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.
Se deben adoptar necesariamente medidas de resguardo ante el Teletrabajo: un marco regulatorio adecuado (ya se presentaron numerosos proyectos en el Congreso Nacional) pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser:
● Desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial
● Un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos
● Acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes
● La determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador
● La determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios
Cuidados: La pandemia ha cristalizado la situación de las economías de cuidados, generalmente a cargo de las mujeres, de maneras precarias o no remuneradas, lo cual requiere una contención más fuerte del Estado.
El reconocimiento y la jerarquización de las figuras laborales asociadas al cuidado de personas ha sido un objetivo presente en debates en la OIT y en una diversidad de proyectos legislativos que apuntan a la configuración e institucionalización de un sistema integral de cuidados. Esto resulta una condición primordial para reducir la inequidad de género en el mundo laboral y para garantizar la continuidad de un servicio esencial para las personas que lo requieran, más allá de la presente coyuntura de emergencia.
Sistema de Obras Sociales: En el marco de la crisis sanitaria, los sindicatos están demostrando que no solo están al servicio de sus afiliados y afiliadas, sino a la asistencia de la sociedad en su conjunto. Como ejemplo han puesto a disposición del sistema sanitario estatal a sus hoteles, sus clínicas y sus consultorios médicos para atender a la población general.
Hemos tratado de resumir sintéticamente cuales son los desafíos frente a la pandemia en el mundo del trabajo de la Argentina y las política implementadas en el país, las cuales deben ser a favor de los muchos que tienen poco y no de los pocos que tienen mucho. Esta aceleración de la discusión sobre el futuro del trabajo no debe ser a costa de los trabajadores y las trabajadoras, y aprovechar esta oportunidad para sentar las bases de un trabajo digno universal en nuestro país.
Dr. Oscar Cuartango, (abogado laboralista, ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Conductor del Grupo Descartes).
Dr. Raúl Ferrara, (abogado laboralista, Relator de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires).
Lic. Luis Antonioli, (politólogo, ex Subsecretario de Empleo de la Provincia de Buenos Aires)
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