Mucho se viene hablando en las últimas semanas de las excarcelaciones, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el rol de las víctimas, en esa línea varias voces se alzaron con opiniones diversas, sin embargo, el legislador de Mar del Plata fue más allá y presento cuatro proyectos de Ley en la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires.
Las iniciativas presentadas buscan; limitar las excarcelaciones, darle a las victimas opinión respecto de las mismas, además de la creación de Defensorías, tanto para policías como para agentes del Servicio Penitenciario.
En el proyecto, que pide limitar las excarcelaciones, se intenta legislar en búsqueda de un mayor control sobre quienes pueden obtener el beneficio y que consecuencias pueden traer a la sociedad en su conjunto, en parte de los fundamentos se explica; “Estas propuestas deben anclarse en la realidad y servir para garantizar la justicia, la igualdad y el bienestar de los integrantes de nuestra sociedad”.
En esa línea es que, en caso de aprobarse este proyecto, la excarcelación por motivos humanitarios y/o sanitarios no podrá concederse a personas condenadas por delitos contra la vida; cometidos con motivo de violencia de género, en los términos de la ley 24.632; contra la integridad sexual; privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida; tortura seguida de muerte; secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el artículo 170, del Código Penal; además de los delitos previstos en los artículos 165 (homicidio con ocasión de robo) y 166, inciso 2 (robo con arma), del mismo Código.
En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso de excarcelaciones, lo que propone el Senador de Juntos por el Cambio, es que se aplique la Ley Nacional 27.372 de manera inmediata en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de ser así las victimas deberían ser escuchadas por la justicia, de la misma forma que se crea la figura del abogado Publico de las Victimas dentro de la estructura del Ministerio Publico Provincial.
“Los Abogados Públicos de las Víctimas serán aquellos letrados que ejercen la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales ordinarios, teniendo en cuenta la especial gravedad de los hechos investigados y la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad que hicieran necesaria su intervención” explicaron desde el entorno del Senador.
El proyecto también establece se apliquen las posibilidades que otorga la ley 27.732 informando a las víctimas en todos los casos en que se pretenda aplicar un principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o un sobreseimiento.
Además de los mencionados, hay dos proyectos que crean defensorías, una para personal policial, que debería estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la otra para los agentes del servicio penitenciario, que quedaría dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los defensores duraran en el cargo cinco años cada uno y sus estructuras no estarán atadas a la decisión del funcionario de turno por varias razones, en primer lugar no serán elegidos por el Ministro o el Gobernador, sino a través de acuerdo del Senado; las estructuras si bien dependerían del Ministerio no se modificarían ante un cambio de Ministro y finalmente al tener un periodo de tiempo diferente al del Gobernador se busca, en el espíritu de la ley, que quienes ocupen esas estructuras tengan un rol más técnico que político.
Según un informe enviado por Fiorini a la prensa, la Defensoría Policial tendrá que “representar y ejercer la defensa del personal policial, atender las quejas y peticiones formuladas por el personal policial en situación de actividad que denuncie vulneración de los derechos del personal policial, gestionar estímulos y beneficios para su desarrollo personal y familiar, formular recomendaciones y plantear mecanismos de solución con miras a garantizar la correcta y adecuada aplicación de las normas vigentes, el control integral de las acciones del sistema policial de la Provincia y de los recursos humanos que lo integran. Al mismo tiempo se buscará atender las dudas, observaciones, comentarios y sugerencias relativas a la protección de los derechos del personal policial que presta servicios en el sector”.
Finalmente en lo que se refiere a la Defensoría del Penitenciario, el Senador explico, “El Estado debe poner todo el esfuerzo que sea necesario para sostener y potenciar en su función a los hombres y mujeres que constituyen el Sistema Penitenciario Bonaerense, a fin de que posean todas las herramientas para desempeñar su vocación de servicio de la mejor manera posible. Los agentes penitenciarios gozan del derecho a ser defendidos o patrocinados cuando la acción fuese entablada con motivo u ocasión del ejercicio de su función”.
La iniciativa busca revalorizar la función del agente penitenciario y por eso es la creación de la Defensoría, se busca que “contribuya a potenciar su desempeño y, consecuentemente, a servir mejor a la comunidad”.
