En junio de 2012 fue lanzado el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, PROCREAR, con el objetivo principal de participar activamente en políticas urbanas, reafirmando el rol del Estado tanto en materia de planificación y uso del suelo, como así también como dinamizador de la economía.
Simultáneamente, el Gobierno Nacional decidió hacer un uso más eficiente del patrimonio inmobiliario estatal disponible, y por eso la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuya intervención sería clave para el Programa, al poner a disposición del mismo predios para la ejecución de Desarrollos Urbanísticos y equipos técnicos.
En contraste, a partir de 2016 comenzó un proceso de desguace de las capacidades y programas estatales, proceso al cual PROCREAR no fue ajeno. No sólo la AABE no proporcionó nuevos predios, sino que por decisión del Comité Ejecutivo se desestimaron obras por un total de 6.354 viviendas de la línea Desarrollos Urbanísticos. Por otro lado, en la línea Lote y Construcción, durante el gobierno de Mauricio Macri, inicialmente sólo se otorgaron créditos para 2.449 viviendas, y finalmente fue clausurada.
Asimismo, cabe destacar que el sistema crediticio fue modificado, pasándose a un sistema de ahorro, bono y crédito, de acuerdo al cual la familia debía inicialmente realizar un ahorro, para que el Programa luego le otorga un monto en carácter de subsidio, liberando así el acceso a la vivienda a la oferta del mercado y del sistema financiero.
De esta forma, se comprueba la desnaturalización de los fines originales del Programa, que además significó un freno en la dinámica inicial de acceso a la vivienda, derivada por un lado de los inconvenientes que el nuevo sistema generó a las familias a la hora de escriturar, y por otro lado de haber cedido en algunos casos a terceros (bancos e institutos de vivienda provinciales) la gestión y entrega de las viviendas.
Se verificó además un excesivo gasto en mantenimiento y custodia de activos pertenecientes al Programa, en general derivado de demoras en la finalización de obras y entrega de viviendas. Concretamente, en 2019 se realizaron bajo este concepto gastos por aproximadamente $900 millones, los cuales podrían haber sido destinados a construir un nuevo Desarrollo Urbanístico de 700 viviendas con su respectiva infraestructura.
