“Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron… Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo: los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar”.
Así reza parte de la carta escrita por Juan Gelman a su nieto o nieta que por la década del ‘90 aún buscaba. El poeta argentino lo hizo incansablemente, incluso llegando a demandar al Estado de Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la negativa a investigar los hechos ocurridos en su país.
En ese caso la Corte Interamericana dijo, citando al Comité Jurídico Interamericano, que el derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana y que, en consecuencia, “es un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto”.
María Macarena, nieta de Juan Gelman, nació en cautiverio y vivió durante 23 años con otro apellido, otra familia, otra historia, no suyas. Como ella, aún se estima que más de 300 hombres y mujeres desconocen su verdadera identidad, y se cree que el mayor porcentaje de casos proviene de la provincia de Buenos Aires. Muchas familias aún les buscan y para el encuentro de 130 nietos y nietas ha sido fundamental el trabajo incesante de Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1987 un importante paso en esa búsqueda fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos que permitió avanzar en “el índice de abuelidad”, para determinar la filiación de nietos y nietas sustraídos a partir de la vinculación genética con sus abuelas y abuelos.
Recientemente, durante los años 2016 y 2017 otra trascendente labor fue llevada a cabo por la provincia de Buenos Aires mediante la digitalización de las partidas de nacimiento de aquella época, generando con ello patrones de búsqueda que permitirán colaborar más eficientemente en la determinación de posibles casos de sustracción de identidad.
Nuestro país cumplió una función estratégica en el reconocimiento de la identidad como derecho humano fundamental al momento de adoptarse la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Como advertíamos, en Argentina y en otros países de la región ha sido fuertemente vulnerado durante la dictadura cívico- militar, y hasta tanto no se restituyan todas las identidades sustraídas, el Estado tiene la obligación de continuar con las investigaciones pendientes. Ninguna historia en nuestro país puede ser cerrada mientras existan personas cuyas identidades hayan sido violadas y desconozcan su verdadero origen.
Pero la identidad es también un derecho que puede ser vulnerado en la actualidad. Avanzar en su respeto y protección es tarea fundamental del Estado. Cada persona tiene derecho a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad. La identidad se vincula ni más ni menos que con el reconocimiento de su personalidad jurídica, y por ello entonces, con el disfrute de los restantes derechos. Así de trascendente resulta. Para cada persona, para cada familia, para toda su comunidad.
(*) (Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo Bonaerense)
