La información sobre la demanda y acceso a alimentos surge del relevamiento realizado en 155 sitios de distribución de alimentos (SDA) durante el transcurso de este año y, conforme adelantaron los responsables de la iniciativa, “los datos muestran una clara y notaria insuficiencia en cantidad y diversidad de los alimentos recibidos en los SDA, sumado a la falta de respuestas gubernamentales en todos los niveles del Estado”. Además, detallan que “el 90% de los sitios relevados manifiestan un incremento en la demanda de asistencia alimentaria respecto de 2018”.
Asimismo, del relevamiento surge que de los sitios que integran la muestra, un 67% inició sus actividades a partir de 2016. La atención está centrada en un 62% en niños y niñas, mientras que el 13% en adolescentes, 18 % en personas adultas y 7% en personas mayores. La mayoría de los sitios, un 63%, se organiza para aportar dos comidas diarias, en tanto un 25% alcanza a cubrir una comida. Casi dos tercios de los SDA funcionan entre 3 y 6 días a la semana.
Desde el Consejo Social explicaron que “la insuficiencia y la falta de diversidad en los alimentos recibidos dan cuenta de una situación cada día más preocupante, ya que los lácteos, las carnes, las frutas y verduras frescas, casi no forman parte de la dieta. Además, miembros del mencionado Consejo Social remarcaron que a ello se suma la situación de infraestructura precaria, falta de gas para cocinar, y de heladeras para conservar los alimentos”.
El informe, además de aportar al diagnóstico de la situación alimentaria, describe las posibles estrategias y acciones que, a partir de políticas públicas, podrían abordar las complejas circunstancias descriptas. Entre otras, se destaca la efectiva vigencia de la Emergencia Alimentaria, así como la necesidad de políticas productivas diferenciando las diferentes regiones, y la creación de mercados de abastecimiento popular.
También se plantea la necesidad del fortalecimiento de los SDA en equipamiento, insumos y alimentos, mejoras edilicias y remuneración al trabajo voluntario, para abordar la crisis actual y garantizar efectivamente el derecho a la alimentación.
