Sin sorpresa, pero con indignación, asistimos una vez más a la falta de republicanismo de este Gobierno Nacional, el mismo que se utiliza para dañar los derechos de los trabajadores, el viernes 27 de septiembre de 2019, nos hemos desayunado con el Decreto de necesidad y urgencia N° 669/2019.
El mismo estando el Congreso en pleno funcionamiento y continuando, el Gobierno Nacional con su política de degradación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se modifica un artículo de la Ley de Riesgos del Trabajo, aquel que establece el ingreso base referencia de las prestaciones de la ley, con un único objetivo, la baja de las indemnizaciones por incapacidad definitiva y muerte.
La inconstitucional aplicación retroactiva a la primera manifestación invalidante de las lesiones que pudieran sufrir los trabajadores, es también un elemento central en la merma de sus derechos y el ataque a su dignidad, a su seguridad y al medioambiente laboral.
Es de toda evidencia que desde hace ya casi cuatro años, nos encontramos en un espiral de caída de los derechos del trabajador, aquellos que fueron conquistados a principios de siglo, y consolidados a partir de 1945. Debemos recordar que nuestra primera ley de accidentes de trabajo señera en América Latina, data de 1915, y que a partir del año 1996 con la desregulación laboral del menemismo se instauró un sistema de capitalización que nada tiene que ver con un sistema de seguridad social tal cual como se expresa en la mentada ley y en el inconstitucional Decreto que hoy criticamos.
Para sustentar esta medida, de efectos regresivos (que violan el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humamos- Pacto de San José de Costa Rica) más lamentable que sus fines, resultan sus argumentos, en primer lugar la falta de rentabilidad en materia de seguros, por otro lado, los aumentos prestacionales a que debieron hacer frente las aseguradoras de riegos del trabajo.
Pareciera que se estaría ante una ecuación económica y no ante un sistema de seguridad social.
Me pregunto: alguien habrá evaluado los costosísimos tratamientos que vienen desarrollando las obras sociales del sector sindical, haciendo frente a erogaciones fuertísimas, a insumos que no han tenido techo en sus aumentos en los últimos tiempos y a la falta de transferencia por parte del Estado Nacional de los fondos que son propios de las obras sociales por ser aportados por los trabajadores y los empleadores?
Aquí va una pieza más de la caída de este sistema neoliberal de desregulación de los derechos del trabajador.
Un ataque más a la vida, a la dignidad y a la seguridad de los trabajadores.
Una defensa más a los intereses de los sectores concentrados de la economía aquellos, que encontraron un mercado de capitales donde había una necesidad en materia de seguridad social.
Debemos recordar que la última reforma a la Ley de riesgos del trabajo N°27378 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo, se había comprometido con la Confederación General del Trabajo (CGT) a desarrollar la ley más importante en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, UNA LEY DE PREVENCION, esa ley debía ser sancionada por el Congreso de la Nación 180 días después de la sanción de la Ley N°27378, a más de a más de dos años y medio, la prevención sigue esperando, los accidentes de trabajo, producto de la fatiga, del stress, de la imposición de ritmos de trabajo, como lo hemos visto en las nuevas formas de trabajo de plataformas, son de una gravedad tan importante que obligan al mercado asegurador y a su socio gubernamental (La gestión de Cambiemos en Nación y en la provincia) a ajustar en salud y seguridad. Se ajusta una vez más a los trabajadores priorizando indemnizaciones baratas en caso de incapacidad total y en caso de muerte, ello con una política de Prevención CERO y de Rehabilitación CERO para los Trabajadores/as siniestrados.
Mientras tanto la prevención, la eliminación del riesgo en su origen, que debiera ser el aporte principal de un Estado Social de Derecho hacia los trabajadores, sigue afuera de la agenda de la derecha. Nos comprometemos a que el Principio de Progresividad y la ampliación de derechos en esta materia sean una realidad en la Provincia de Buenos Aires.
Debemos recordar en este momento la señera tarea de aquel medico catalán Juan Bialet Masse, a principios del Siglo XX, que estableció en su informe más importante en América Latina sobre el estado de las clases obreras en nuestro país, recorriendo establecimientos, campos y zonas inhóspitas, donde alertaba acerca de sus condiciones de seguridad y salud, es decir su condiciones de vida en el trabajo.
La provincia de Buenos Aires siempre se ha caracterizado por una acción preventiva y de seguimiento en materia de derecho a la seguridad y a la salud de los trabajadores, que implico justamente la entrega y la preponderancia de la tarea de Juan Bialet Masse, cuyo premio anual al mejor trabajo de investigación en la materia se entregaba por parte de la Cartera Laboral de la Provincia de Buenos Aires.
Seguiremos bregando por los derechos de los trabajadores, su bien más preciado, su vida, su salud, su seguridad, aquella que los integra y los hace sentir parte integral de nuestra patria, aquella que les da su ciudadanía social.
Debemos dejar atrás, ya queda poco, la economía del descarte que solo lo toma como un número, una mercancía a los trabajadores y trabajadoras, desprotegiendo sin prevenir, y menguando sus indemnizaciones.
Nos comprometemos en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del trabajo y que sirva para una acción, para eliminar el riesgo en su origen, prevenir y si eso no es posible, a otorgar indemnizaciones justas a los trabajadores/as, de manera que la reparación sea integral.
Porque en la Argentina que vienen el Trabajo será el eje central de la reconstrucción nacional PARA GANARSE LA VIDA, NO PARA PERDERLA.
