Conforme a lo que emitió la Confederación Farmacéutica Argentina, en un comunicado oficial, ese día se van a presentar los Amicus Curiae para aportar su opinión sobre el conflicto. Por Farmacity, hablarán los seis “amicus” que presentó la cadena. De ellos, cuatro especialistas fueron contratados por la empresa para estudiar el caso, una situación que llamó la atención, a los que se les añaden; Lucas Grosman, rector de la Universidad de San Andrés -el mismo cargo que ocupó Rosenkrantz antes de llegar a la Corte-, y Fermín Víctor Carricarte, de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF).
La vigencia de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, la defenderán nueve “amicus” que la Corte seleccionó de los 43 que se presentaron para apoyar la ley vigente. La Federación Farmacéutica Internacional (FIP), el ex ministro de Salud, Ginés González García, los juristas Andrés Gil Domínguez y Alberto Bianchi, fundamentarán su postura junto a la de otras entidades como la Federación Farmacéutica de la República Argentina.
Entre quienes apoyan un modelo sanitario de farmacia en la provincia de Buenos Aires, hay sanitaristas, universidades, ONGs de Salud, el Defensor del Pueblo, entidades de defensa de los consumidores, Colegios profesionales, Colegios de Farmacéuticos, Legisladores, constitucionalistas y más de 100 municipios bonaerenses.
En términos precisos, los farmacéuticos están convocando a una gran movilización de profesionales para defender la Ley que rige en la provincia de Buenos Aires desde 1987 y que la cadena pretende vulnerar.
Así las cosas, los profesionales de farmacias consideran que “está en juego”; el modelo sanitario de farmacia (con accesibilidad establecida según parámetros de organismos de Salud internacionales y responsabilidad por parte del propietario-profesional de la salud); el concepto de medicamento: si será un bien de consumo o un bien social; el concepto de paciente, si va a continuar siendo paciente o pasará a ser un consumidor; la autonomía de las provincias en materia de leyes de Salud y la autonomía de las provincias en materia de manejo de las profesiones, entre otras consideraciones.
