El objetivo es transparentar los recursos destinados a las escuelas y que definitivamente se cumpla con la actualización trimestral per cápita de cada niño o niña según las cifras oficiales del INDEC. Asimismo, la norma parlamentaria establece la creación de un órgano de control para inspeccionar la ejecución de los recursos asignados.
Cabe destacar además, que la ley pretende duplicar el monto de 23 pesos que en la actualidad se paga por niño o niña, para acercarse a los 72 pesos que se abona en Capital Federal.
De la conferencia, formó parte el equipo del FR, integrado por el Diputado y vicepresidente de la comisión de Educación de la Cámara de Legisladores, Pablo Garate; el Concejal platense y titular del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti; Luciana Padulo y Diego Di Salvo, como consejeros superiores de Educación de la Provincia.
Respecto de lo acontecido, Garate, explicó; “La educación implica brindar una oportunidad igual a niños y adolescentes de posibilidades de inclusión social por lo que es necesario promover acciones desde las diferentes áreas de gobierno destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias con mayor vulnerabilidad económica para que pueda cumplirse no solo con el concepto de igualdad de oportunidades sino con el de posibilidades”.
“El SAE representa una instancia del proyecto educativo institucional”, añadió el legislador, quien continuó afirmando que “permitiendo la adquisición y modificación de hábitos para la construcción de una personalidad individual y social, como así también, resulta favorecedor de la inscripción, permanencia y promoción de alumnos en el sistema educativo”.
Durante la presentación, se hizo una radiografía sobre cómo la crisis afecta a los bonaerenses y en especial a los chicos en edad escolar. “En la provincia de Buenos Aires más de 1,8 millones de niños y niñas, la mayoría de los sectores vulnerables, se alimentan en la escuela. Esto confirma que hoy en día, el comedor escolar es un factor de atracción y retención de alumnos.
Más precisamente, se observa entonces que en la Provincia de Buenos Aires 6 de cada 10 chicos que asisten a un establecimiento educativo lo hacen en una escuela pública estatal provincial y 7 de cada 10 de esos chicos reciben al menos algún tipo de alimentos. “Lo que hay que tener en cuenta, es que para 2 de cada 10 de esos chicos el SAE le significa el almuerzo del día, es decir, comen en la escuela pública”, coincidieron Garate, Padulo y Sanguinetti.
En ese sentido, Sanguinetti señaló; “Presentamos este proyecto de ley por medio del cual proponemos brindar una jerarquía normativa al Servicio Alimentario Escolar (SAE), respetando su espíritu, pero estableciendo nuevos parámetros para su regulación, optimización y eficacia con el objetivo de brindar asistencia alimentaria de calidad a las escuelas. El programa actual tiene cada vez más falencias que llegan a impedir el normal cumplimiento de sus objetivos iniciales”.
En esa línea, Padulo manifestó; “Es hora de respaldar los espacios legítimos de los niños, y fortalecerlos con recursos los lugares que aseguran sus derechos, no sólo a la educación, sino a la alimentación, considerando la situación social actual, que hace que los niños se refugien cada vez más en el ámbito de la escuela”.
Respecto de los puntos más relevantes del Proyecto de Ley del SAE, se destacan:
- Se jerarquiza jurídico institucionalmente el SAE: Se establece con jerarquía de ley el Servicio Alimentario Escolar (SAE) para garantizar, más allá de cualquier coyuntura o gobierno eventual, el derecho a una alimentación y un estado nutricional adecuados de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y alimentaria, como condición previa y necesaria para el aprendizaje.
- Financiamiento: Se establece un mecanismo de financiamiento que contempla la afectación de recursos mínimos y específicos para el SAE en el presupuesto provincial –que hoy duplicaría la actual asignación al Programa -, y una actualización trimestral por inflación, que garantice cantidad y calidad de raciones de comedor y copa de leche.
- Roles y articulación: Se establece un encuadre de articulación y responsabilidades concurrentes de las distintas instancias intervinientes de la jurisdicción provincial (Desarrollo Social, Salud y Educación), de las jurisdicciones municipales y de las instituciones educativas.
- Gestión y transparencia: Se establece un mecanismo de administración y gestión municipal adecuado a cada contexto y a las necesidades de las instituciones educativas, con instancias de contralor administrativo-financiero, de gestión, de calidad, incluyendo el control social y comunitario de resultados a través del Defensor del Pueblo, debiendo priorizarse la contratación de proveedores y productores locales y teniendo prohibida la tercerización o privatización del servicio.
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