La decisión de las farmacias bonaerenses de interrumpir, hasta el próximo martes, la provisión de tiras, insulinas y medicamentos provistos a través de la resolución 337, a los afiliados de PAMI, motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, quien solicitó una reunión con “carácter urgente” al interventor de la obra social, Sergio Cassinotti, para plantear la “gravedad” del caso y sus efectos sobre la salud de los jubilados.
La medida, adoptada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que hasta ahora no prevé la suspensión total de la atención a los afiliados de la mencionada prestadora de la seguridad social, se extenderá hasta el próximo martes 18 de Septiembre, inclusive. Sin embargo, de no mediar una solución en esa fecha, la medida amenaza con extenderse en el tiempo.
Ante esta situación, la Defensoría buscará mediar entre los profesionales y el PAMI, para evitar que el conflicto se profundice. Básicamente, el organismo defensor intentará reencauzar una negociación directa entre las partes que está estancada y que derivó en la medida de fuerza que afecta a miles de afiliados bonaerenses.
Desde el Colegio afirmaron, mediante un comunicado que “resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con los descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéuticos”.
Por su parte, la entidad remarcó que el sector farmacéutico “está obligado a financiar todo el sistema, a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena de dispensa del medicamento y el único sector profesional con agentes sanitarios al servicio de la población”.
“En este contexto inflacionario los atrasos en los pagos desde el mes de abril afectan a profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes”, esboza el comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos bonaerense.
