Martello reclamó “prudencia” a AUBASA, durante en la audiencia pública que fue convocada con el objetivo de incrementar hasta en un 29% los peajes en las rutas que conforman el Corredor Vial del Atlántico. “La gente ya no soporta ningún aumento más”, añadió el adjunto de la Defensoría y remarcó que los ingresos de la empresa concesionaria (rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74) se han multiplicado en los últimos años. Sólo en 2017 tuvo un excedente a favor de más de 236 millones de pesos.
A su vez, Martello valoró como un hecho positivo que AUBASA se hiciera cargo de la administración del Corredor del Atlántico, anteriormente en manos de privados que incrementaron los peajes sin realizar obras de magnitud y destacó también el aumento de la inversión pública en infraestructura vial en los últimos dos años.
“Ahora es necesario adoptar estrategias para que los recortes presupuestarios no impacten de lleno en las obras viales que, en muchos casos, permitirán que se salven vidas. En la Provincia se registran 6 muertes por día en accidentes de tránsito”, alertó Martello.
La crisis en la macroeconomía es reconocida por el propio Presidente, Mauricio Macri, como una situación de emergencia, que además implica menos recursos y el traspaso de servicios públicos y subsidios a la Provincia. “Se trata de una política que derivará en un 42% de inflación y 34% de pobreza”, aseguró Martello, quien reflexionó que es “por ello que las empresas del Estado deben mantener un equilibrio y postergar la aplicación de medidas que puedan incrementar el círculo de empobrecimiento, como son los mayores costos de combustibles y peajes que serán trasladados a precios por los empresarios”. “Solicitamos prudencia a las sociedades anónimas estatales hasta que haya un nuevo escenario de certidumbre”, destacó el Defensor del Pueblo Adjunto.
Respecto a los números que AUBASA manejó el pasado 2017, los datos aportados reflejaron que la empresa tuvo ingresos por 1.840 millones de pesos aproximadamente, 184% más que dos años antes (2015-2016), y muy por encima de la inflación acumulada durante ese mismo período. En tanto, teniendo en cuenta el resultado económico que muestra el balance de la sociedad, y la inversión real realizada, surge que AUBASA tuvo en 2017 un excedente de más de 236 millones de pesos.
“Es necesario garantizar que los recursos que generan los peajes sean destinados especialmente a mejorar la infraestructura y los servicios viales. La obra pública en caminos, autovías, autopistas y rutas no puede ser tomado como un mero gasto, sino como una inversión pública que permite mejorar la productividad y favorece el desarrollo económico”, destacó Martello.
Por su parte, el adjunto de la Defensoría del Pueblo, recordó que el año pasado, se hizo una recomendación que fue incumplida por la empresa AUBASA. Concretamente, el reglamento de explotación de la concesión del Sistema Vial Integrado describe los “servicios complementarios que se deberán brindar en las estaciones de peaje”.
Dichos servicios, comprenden, entre otros, "la existencia de baños para damas y para caballeros, debidamente identificados, incluyendo la posibilidad de su uso a los discapacitados con acceso a través de rampas”, precisó Martello, quien indicó a su vez que debieran contar con “zonas reservadas para estacionamiento debidamente señalizadas, horizontal y verticalmente, previendo un sector para discapacitados”.
En ese sentido, Martello recordó que en la estación de peaje Samborombón, situada en el kilómetro 90 de la Autovía Provincial N°2, existe efectivamente una zona de servicios que incluye baños. Sin embargo, dicha zona se encuentra situada del lado de la autovía con sentido Mar del Plata – La Plata, haciendo que los usuarios que circulan en sentido inverso, en principio, no puedan acceder al área sin asumir riesgos adicionales.
“La única manera de hacerlo es cruzar la autovía caminando, a través de las cabinas de peajes, situación riesgosa, ya que tampoco existe señalización, rampa, puente peatonal, ni ninguna otra manera de llegar al otro lado, que resguarde a los peatones. El artículo 11 del reglamento de explotación establece la prohibición de circular a los peatones”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.
Martello expuso asimismo la necesidad de desarrollar políticas públicas tendientes a integrar los corredores viales a un esquema de desarrollo turístico y productivo, que permita potenciar económicamente a los municipios que forman parte del corredor atlántico.
“El contexto económico, marcado por la fuerte devaluación del peso, provocará que muchos turistas argentinos se vuelquen a destinos locales ante la imposibilidad de afrontar los costos dolarizados que significa vacacionar en el exterior”, adujo el Defensor adjunto.
A su vez, Martello analizó que el tipo de cambio también podría favorecer la llegada de turistas de distintas partes del mundo, lo que posibilitaría un mayor ingreso de divisas (especialmente dólares). Un dato a tener en cuenta es que, hasta el año pasado, el déficit de la cuenta viajes representa aproximadamente el 30% del déficit total en cuenta corriente del Balance de Pagos en 2016, ahí la necesidad, de ofrecer más y mejores servicios al turista.
Es válido destacar que, desde la Defensoría del Pueblo, se encuentran trabajando en un proyecto con vistas a que se sancione en la Legislatura bonaerense y que permita la ley de adhesión al régimen federal de promoción de pueblos rurales turísticos (Ley Nacional 27.324).
Numerosos pueblos turísticos se encuentran en las cercanías del corredor atlántico. Entre otros beneficios, el régimen federal de promoción posibilita la inclusión en catálogos, directorios, guías, publicidades, y páginas web impulsadas por el Ministerio de Turismo de la Nación y/o el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).
También facilita la participación en programas de capacitación y la implementación de medidas de protección de los recursos existentes a fin de mantener los valores de identidad y la singularidad del pueblo, previendo la planificación y el ordenamiento territorial.
.gif)
