Estas Unidades Funcionales especializadas en Violencia de Género y Familiar, tendrán competencia exclusiva para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento, esclarecimiento de hechos que puedan constituir delitos que presumiblemente involucren violencia de género y familiar, conforme a los términos de la Ley nacional N° 26.485 y la Ley provincial N° 12.569.
Asimismo, será de su competencia aquellos hechos que resultasen conexos o vinculados a estos delitos, como su encubrimiento, la omisión de promover la persecución y represión de los responsables de aquellos hechos, incluyendo sus responsabilidades funcionales.
Al respecto, Garate explicó; “Aún a pesar de contar en nuestro país con numerosos instrumentos jurídicos, la violencia de género produce año tras año nuevas víctimas fatales en hechos de femicidios y homicidios dolosos contra mujeres” y añadió que “personas LGTBI son víctimas de homicidios en razón de su identidad de género y miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren en su ámbito familiar violencia física, sexual, psicológica y otras, muchas de las cuales devienen en lesiones físicas y emocionales duraderas”.
En el articulado del proyecto, se destaca que para brindar una mejor asistencia a la víctima el o la Agente Fiscal que tome conocimiento de una denuncia o intervenga en una investigación de la que puedan resultar competentes las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar, deberá realizar una derivación inmediata a la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal que corresponda, según la jurisdicción.
“Las diversas formas y conductas mediante las cuales aquéllas se ejercen, exigen la asunción de un rol más activo en la que visibilizarían la agresión estructural y sistemática contra las mujeres y niños, tanto en los espacios públicos como en el seno de la familia. Su gravedad impone de manera prioritaria el abordaje de la persecución penal de un modo articulado y atendiendo a sus propias especificidades”, argumentó el legislador massista.
Además, el proyecto propone que la Oficina especializada en Violencia de Género y Familiar perteneciente al Ministerio Público debe articular su actuación con los Programas u Oficinas del Poder Ejecutivo y de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la prevención y asistencia de la violencia de género, debiendo informar a las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar y a las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público acerca de los mismos.
“La importancia de atender a estos tipos de violencia en todas sus manifestaciones, se asienta en la urgencia de identificar los patrones que se encuentran más naturalizados pero que sostienen los mecanismos más eficientes de control social y de reproducción de las desigualdades”, adujo Garate, quien finalizó expresando que la violencia de género “se trata de un fenómeno de extrema gravedad, que trasciende el ámbito doméstico y atraviesa todos los espacios de la sociedad”.
