Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, reclamó que se suspenda la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua, al considerar que “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos”.
“Nos oponemos a este nuevo aumento por varias razones. Por un lado, la explicación que da ABSA es insuficiente y liga la suba, por ejemplo, al aumento de luz que también deben enfrentar los consumidores”; manifestó el Defensor, quien dijo que, en realidad, “los usuarios deberán pagar un doble incremento, donde se suma lo que se informará en la audiencia más la que tendrán que abonar por el reciente revalúo fiscal aplicado por la Provincia”.
Otro de los cuestionamientos hechos a la audiencia programada para el 2 de febrero en la ciudad de La Plata, tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que fue disuelto a los días de este llamado por la nueva ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.
“Esta movida también significa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que la ADA no, lo que de por sí vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, explicó el Defensor del Pueblo.
Por otro lado, Lorenzino indicó que el incremento se produce en un momento en el que “el servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia, donde no sólo presenta cortes y deficiencias en la infraestructura, sino también graves problemas con la potabilidad, ligado a la presencia de arsénico en el agua, nitratos, salinización, hasta la aparición de algas, que atentan directamente contra la salud de la población”.
En este sentido, Lorenzino puntualizó que todos estos “son motivos de sobra para exigirle a la Provincia la suspensión de la audiencia pública, que además es meramente informativa y no permite ni siquiera el intercambio entre los participantes”. “Los usuarios no pueden seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando los servicios siguen siendo malos y, ahora, cada vez más caros”, sentenció el Defensor del Pueblo.
