La iniciativa hace especial hincapié en la intervención del gobierno bonaerense en la problemática, indagando desde la actuación del Estado en casos de emergencia hasta el incremento sostenido de la población femenina en las cárceles de la provincia. Entre los puntos más salientes del proyecto se encuentran: la capacitación del personal policial; recursos y funcionamiento de las Comisarías de La Mujer y la Familia y las Oficinas de Atención a Víctimas; programas implementados por los organismos competentes; medidas judiciales de protección, fiscalización y cumplimiento de las mismas; articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; seguridad social de las víctimas; problemática habitacional, acceso a la salud y al empleo; situación edilicia y presupuestaria de los refugios y hogares de tránsito; profesionalización de los recursos humanos disponibles, entre otros. Asimismo, y a pocos meses de finalizar el plazo de dos años establecido para la emergencia, el Vicepresidente 1° de la Cámara baja solicita la presentación de los informes estadísticos anuales que deben realizar el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia respecto a las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia, a los efectos de conocer la evolución del fenómeno desde la sanción de la emergencia y evaluar los resultados de la intervención del Estado durante estos dos años. Un párrafo aparte merece la solicitud de datos respecto a los casos de femicidio registrados en la provincia, ya que la existencia, en muchos casos, de denuncias previas y medidas cautelares vigentes, pone de manifiesto la deficiente respuesta del Estado. De acuerdo a datos recopilados por la ONG La Casa del Encuentro, en 2013 hubo un femicidio cada 30 horas en la Argentina: 295 asesinatos de mujeres víctimas de la violencia de género; unos 400 chicos quedaron sin madre; 83 mujeres murieron baleadas, 64 fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 28 fallecieron tras ser estranguladas; en el 38 por ciento de los casos, los asesinos eran esposos, novios, o parejas de la víctima; la mayoría de las mujeres tenía entre 19 y 30 años al ser asesinadas y muchas de ellas estaban entre los 31 y los 50 años.; los crímenes tuvieron lugar principalmente en la casa de la víctima o la vivienda que compartía con el asesino; hubo 11 víctimas que estaban embarazadas cuando fueron asesinadas y en 27 casos hubo indicio de abuso sexual. Del total de femicidios, en unos 46 casos había denuncias previas o medidas cautelares por violencia de género. Al respecto, Gutiérrez manifestó: “El Estado tiene la obligación de protegernos. Sólo con acompañamiento, seguimiento, contención y asistencia integral es posible que la víctima logre romper el círculo de violencia y peligro al que se encuentra sometida”. “Es fundamental colocar este tema al tope de la agenda política. Debemos tomar dimensión de la gravedad de esta problemática que cada vez tiene más víctimas, destruye familias y deja a cientos de niños sin madre”, finalizó el legislador.
