El proyecto, que fue presentado la semana pasada en la Cámara Alta y buscará el apoyo de todos los bloques legislativos, solicita a su vez a la empresa Cablevisión que adecúe el valor del abono básico del cable en $130, tal como lo establece una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. La presentación, realizada por el senador Luciano Martini, lleva las firmas de sus pares, Gustavo Oliva y Emilio López Muntaner, quienes solicitan que la empresa cumpla “en forma inmediata lo establecido por la Justicia”. A su vez, la iniciativa declara el “beneplácito” del cuerpo deliberativo “al accionar de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires al impulsar un reclamo ante la Justicia Federal en defensa de los usuarios de la empresa Cablevisión de la provincia de Buenos Aires, con el fin de que la empresa adecue el monto que debe cobrarse como abono”. En ese sentido, considera que “esta acción judicial logró ponerle un límite a la prestadora del servicio de cable estableciendo la suma de 130 pesos que fijara la Secretaria de Comercio Interior de la Nación”. Al respecto, Martini explicó que “la intervención del Defensor del Pueblo Carlos Bonicatto en relación a la empresa prestadora de servicios de televisión por cable, Cablevisión, responde a las numerosas quejas de abonados del servicio que se han recibido desde numerosos municipios de toda la Provincia y en virtud de que la empresa, además de no cumplir con la determinación de la Justicia, anunció inminentes aumentos en la tarifa”. “De esta manera, tanto el fallo del Juzgado Federal Nª 2 de La Plata a cargo del Dr. Adolfo Ziulu como el fallo confirmatorio del 5 de de Marzo del corriente año de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso que la empresa Cablevisión adecue su facturación según lo establecido por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, fijando un abono mensual de 130 pesos”, aclaró. El senador kirchnerista, expresó que “es necesario destacar entonces, la función de garantía del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que a través de su accionar directo, comprometido y eficaz promueve la democracia y trabaja para que el Estado responda por los derechos y garantías de los habitantes del territorio provincial”. La presentación se da en el marco de una iniciativa similar, que fue impulsada por el presidente del Bloque de concejales del FpV-Nacional y Popular, Sebastián Tangorra en el Concejo Deliberante de la capital provincial. Dicha propuesta busca que el cuerpo de concejales reconozca y brinde su apoyo a la Defensoría del Pueblo por las acciones promovidas en defensa de los usuarios de Cablevisión en la provincia de Buenos Aires. EL CASO El 9 de Marzo de 2011 a través de la resolución 36/11 la Secretaria de Comercio Interior de la Nación fijó las pautas para las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga, haciendo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional en el que se encomienda a las autoridades la tutela, defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. En este sentido el Estado Nacional asumió la obligación de garantizar la defensa de las condiciones y nivel de vida de la población, sobre todo en aquellos servicios que abastecen a millones de usuarios y, en especial, cuando afectan el derecho a un tratamiento equitativo y digno. De allí que la Secretaría de Comercio Interior, procedió a adoptar medidas tendientes a implementar las políticas citadas, con el fin de otorgar marcos normativos que aseguren los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios. Finalmente en el mes de diciembre del año 2012 la resolución 161/2012 actualiza los valores fijando el abono mensual en $130 a partir del 1 de Enero del año 2013. Desde esa fecha y hasta el presente, la empresa Cablevisión jamás adecuó el valor de la tarifa del cable, por lo que incumplió con ambas resoluciones de la Secretaría de Interior. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, decidió impulsar una denuncia judicial contra la empresa, por considerar que el no cumplimiento de los valores fijados, perjudican a todos los abonados al cable que presta dicha empresa.
