La propuesta para instalar los Juicios por Jurados fue girada al Senado y determina que cualquier ciudadano bonaerense podrá integrar el jurado que se encargará de dictaminar el veredicto en las causas de delitos penales graves, que tengan penas de más de 15 años de prisión Al respecto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan de Jesús, consideró que “es un paso más en una serie de reformas estructurales del Poder Judicial que hemos trabajado este año”. “La idea es democratizar las instituciones judiciales incorporando a la ciudadanía” agregó el legislador, a la vez que reconoció que “queda mucho camino por recorrer para mejorar el Poder Judicial y democratizar las instituciones”. El proyecto prevé que los jurados estarán integrados por doce bonaerenses, que serán elegidos por sorteo y podrán ser recusados por el juez e incluso por la defensa o la parte acusadora. La designación como jurado es una carga pública, por lo que sólo podrán renunciar por motivos justificados. Ese cuerpo será el encargado de dictaminar si el acusado es culpable o inocente, para lo que se necesitará el voto de al menos diez de los integrantes. A partir de ese veredicto, el juez dictará la sentencia. La decisión del jurado no podrá ser apelada por el acusado, que sólo podrá pedir la nulidad. En la sesión de este jueves, la Cámara baja también aprobó el convenio firmado con el gobierno nacional que establece el traspaso del control operativo y administrativo de la Autopista Buenos Aires- La Plata al ámbito provincial. Según el acuerdo con Nación, el Ejecutivo bonaerense asumió la responsabilidad de ejecutar “por un plazo de hasta 30 años” el modelo de gestión del tramo de autopista que une la Capital Federal con la Ciudad de La Plata. Además, se prevé la constitución de un fideicomiso con la finalidad de mejorar la infraestructura vial existente de un camino natural para los principales destinos turísticos. Cambios en el Jury a Magistrados y reformas en la estructura de la Procuración General Asimismo, la Cámara baja se convirtió en ley dos iniciativas sobre el funcionamiento judicial giradas desde el Senado: la modificación a la estructura de la Procuración General de la Suprema Corte y los cambios en el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la Justicia. Con respecto a la modificación a la estructura de la Procuración General de la Suprema Corte, lo que se hace es desdoblar la Procuración mediante la creación de los Ministerios Público Fiscal y Público de Defensa, coordinados por los cuerpos de fiscales y defensores oficiales respectivamente. Ambos seguirán bajo la órbita del organismo a cargo de María del Carmen Falbo. De esta manera, se le otorga mayor autonomía a la Defensa. También se crean los cargos de Defensor General y de Subdefensor General que, si bien estarán administrativamente dentro de la Procuración, tendrán autonomía funcional y autarquía administrativa y financiera por lo que manejará su propio presupuesto. Actualmente es la Procuradora quien dispone la metodología de trabajo, tanto de los defensores oficiales como de los fiscales. En tanto, las modificaciones a la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la Justicia buscan agilizar los plazos procesales al indicar que, una vez presentada la denuncia contra un juez, la primera audiencia deberá realizarse en un plazo no superior a los 30 días. Dicha norma también incorpora la figura del “apartamiento preventivo” cuando existan elementos probatorios que hagan verosímiles los hechos denunciados o en los casos que la gravedad tornare inadmisible la permanencia en la función pública. La separación será por 90 días (con prorroga por otro período similar) aunque el juez seguirá percibiendo sus haberes.
