Los bloques de legisladores bonaerenses de la CC-ARI, FAP, Alternativa Peronista, Lealtad Peronista, Pro-Peronismo, Proyecto Bonaerense, UCR y Unión Celeste y Blanco presentaron ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación un recurso para revalidar el pedido por los fondos de coparticipación provinciales, en consonancia con el planteo realizado por la provincia de Santa Fe. Los legisladores sustentaron ante la Justicia las denuncias realizadas en la Legislatura provincial contra el Pacto Fiscal que en 1992 estableció la Nación con las provincias y por el cual éstas cedieron el 15 por ciento de los fondos de coparticipación para financiar las AFJP. “Reforzamos el pedido ante la Corte porque denunciamos la arbitrariedad del Gobierno nacional en la retención de fondos de las provincias y la inacción del gobernador Daniel Scioli que sólo este año podría haber obtenido cerca de 5200 millones de pesos por este concepto”, aseguraron los presidentes de los bloques. Por ejemplo, con esos recursos la provincia podría construir 100 nuevas escuelas ó 25 mil viviendas sociales con terreno. Los legisladores consideraron que las circunstancias que sostuvieron el Pacto Fiscal de la Nación con las provincias quedaron sin efecto a partir de 2008 por la re-estatización del sistema previsional. “Las circunstancias que generaron el aporte solidario de las provincias cambiaron sustancialmente, por lo tanto pedimos la devolución de esos fondos que son imprescindibles para el presupuesto provincial para los servicios esenciales de salud pública, educación, seguridad, justicia rutas, entre otros”. La provincia de Buenos Aires, paradójicamente, acaba de tomar deuda con ANSES por 600 millones de pesos a una tasa del 16 %. Por lo tanto, aporta a esa caja, en concepto de coparticipación, un monto que anualmente representaría más de 8 veces lo solicitado para afrontar el pago de aguinaldos. Por otro lado, la “cesión de fondos” acumulada durante estos 4 años es de 14 mil millones de pesos que equivalen, al déficit fiscal previsto para este año y representan 6 veces el impacto de la suba de impuestos aprobada hace unos meses. Por último, los legisladores señalaron “queremos demostrar que el impacto financiero generado por el cambio de condiciones señala la extinción de los motivos que originaron la firma del acuerdo y la irregular retención de dinero genuino de las provincias. La ausencia de esos 5200 millones de pesos significan más deuda, más impuestos y desinversión para la provincia de Buenos Aires”.
