Dicho Instituto tendrá el objetivo de diseñar políticas y acciones dirigidas al fortalecimiento de las cooperativas y al fomento de organizaciones representantes de sectores que tengan una práctica social y solidaria. Sobre los fundamentos de la propuesta, la legisladora oficialista expresó que “la creación de este ente dota de personalidad jurídica con el fin de promover y organizar políticas inclusivas para aquellos trabajadores que fueron hostigados durante el modelo neoliberal que imperó en nuestra Nación”. “Después del deterioro social y económico producto de las políticas excluyentes de la década del 90, el país y la provincia de Buenos Aires se pusieron de pie sosteniéndose en el sector cooperativo y en los sectores de la economía social y solidaria que crearon nuevas y viejas formas de integración” sostuvo Cubría, quien agregó que “lo que se pretende es convertir esta metodología en herramientas dignas de inclusión”. En caso de aprobarse la normativa de la diputada del FPV, las funciones del organismo serían las de elaborar planes, programas y proyectos relacionados con la promoción de estos sectores de la economía, así como integrar a los productores en condiciones de exclusión económica, social y cultural. Además, tendrá la facultad de administrar los recursos del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa de la Provincia y buscará revalorizar el rol productivo y la prestación de servicios de las mismas. En tanto, la autora del proyecto mencionó que “la iniciativa está enmarcada en el dictamen de la Organización Internacional del Trabajo del año 2002 sobre la promoción de las cooperativas en el mundo, considerándolas de gran importancia para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones”. El organismo será de carácter de autárquico y tendrá un presidente designado por el poder Ejecutivo, con rango de Subsecretario. Asimismo, contará con un Consejo Asesor en el que estarán representadas todas las cooperativas matriculadas y que tengan su sede en territorio bonaerense. Por último, cabe remarcar que la normativa entiende por Economía Popular, Social y Solidaria a los productores, usuarios y consumidores que, de forma autónoma y asociativa, integran los procesos de producción de bienes y servicios, intercambio y financiamiento. Sus objetivos pasan por satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas y sociales sin ánimo de lucro, con la premisa de fortalecer la ayuda mutua, la responsabilidad social y la participación de sus miembros.
