La normativa sobre la Creación del Registro de Establecimientos Industriales, aprobada por el Senado en septiembre del año pasado, tiene como objetivo la obtención de un panorama actualizado sobre la radicación industrial en la provincia, la densidad de empresas, la información acerca de la generación de residuos y efluentes, como así también su influencia en los recursos naturales y la salud de la población. Además, la implementación del sistema se llevará a cabo mediante la presentación de un Formulario Único de Empadronamiento, el cual tendrá carácter de declaración jurada. Este nuevo mecanismo le permitirá al OPDS y los municipios tomar diferentes decisiones para reformular las políticas ambientales. En tanto, el proyecto que legisla sobre las llamadas “saladitas”, pone pautas precisas para la comercialización de múltiples puntos de ventas minoristas o mayoristas principalmente de ropa y calzado, los cuales ocupen más de 300 metros cuadrados cubiertos. Además, no se permitirá la instalación en municipios con población menor a 50 mil habitantes, como así tampoco en tierras que sean de dominio de la Provincia. Otro punto establece que no se otorgarán factibilidades a establecimientos que se encuentren en un radio inferior a 10 Kilómetros de otro. Mientras que no podrá haber más de una por municipio, salvo que tengan habilitación anterior a la nueva ley. Asimismo, la Cámara Baja bonaerense giró al Senado el proyecto de ley del diputado del bloque FPV-PJ, Iván Budassi, para los municipios de la Provincia le den un uso público o establezcan un destino diferente a los automóviles que se encuentren en depósitos municipales o de terceros, a causa de infracciones de tránsito o faltas. La propuesta también prevé que los rodados que se hallen en un estado de deterioro, inmovilidad o abandono que impliquen un peligro para la salud, el medio ambiente o la circulación vehicular serán retirados del establecimiento público. Mientras que los vehículos involucrados en causas penales o cuyo motor y chasis estén adulterados no serán alcanzados por la nueva normativa. “La medida busca resolver la problemática de la gran cantidad de autos y motocicletas, abandonados y en desuso, que se acumulan en la vía pública y los depósitos municipales del Gran Buenos Aires y el interior de la Provincia” sostuvo Budassi. Y añadió que “lo que se pretende es agilizar los procedimientos de disposición de los rodados con el fin de la liberación y descontaminación de los predios ocupados por ellos”. Con respecto a los posibles usos de aquellos automóviles secuestrados y que no sean reclamados por sus dueños, el legislador oficialista expresó: “Se destinarán para una utilización por parte de los municipios, como forma de paliar las necesidades de movilidad de distintas dependencias, y también podrán ser cedidos a instituciones de bien público”. Otra de las iniciativas aprobadas fue la expropiación de la casa en La Plata del odontólogo Ricardo Barreda, para ser destinada a la creación de un centro que tendrá como misión brindar a mujeres para debatir, sensibilizar, concientizar y ayudar a frenar el femicidio. Según argumentó el autor de la iniciativa, Gabriel Bruera (FpV-PJ) “la expropiación de ese inmueble apunta a la creación de un centro dedicado a trabajar en la prevención, contención y educación. Así, la idea primaria es transformar un lugar negativamente emblemático en donde fueron asesinadas cuatro mujeres en un contexto de extrema violencia intrafamiliar en una respuesta contra la violencia de género en todas sus formas". El proyecto prevé además "trabajar junto a museólogas para que el inmueble se convierta en un lugar donde repensar la cotidianidad de la violencia". Otro objetivo es realizar charlas y capacitaciones a policías, docentes, integrantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, universitarios, profesionales de la salud y, a la vez, construir un espacio para consultas y una biblioteca temática. La prevención y sensibilización se potenciaría con un micro cine para generar marcos de reflexión y debate.
