Luego de la audiencia, Carlotto sostuvo que “hoy vinimos a reafirmar nuestra responsabilidad política, institucional y nuestra convicción militante”, y añadió que su organismo es “querellante en la causa del asesinato de la familia Amestoy-Granada y por eso estamos aquí para fortalecer nuestro compromiso con Manuel (Gonçalves)”. “La Secretaría ha retomado la decisión y la voluntad política de acompañar, con todo el peso de su estructura, todos los juicios de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires”, agregó Carlotto. “Esa decisión –añadió el titular del organismo bonaerense- está enmarcada en la profunda convicción de que la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia es la base para el cambio de paradigma de país que se construye todos los días desde el 25 de mayo de 2003, y sobre el que se proyectamos el futuro”. Carlotto destacó la importancia de la causa Amestoy-Granda: “Comprobará en forma eficiente el accionar de la dictadura: cómo armaban los supuestos enfrentamientos, la intervención del ejército junto a la policía, el asesinato de niños”. El Espacio Juicio y Castigo de H.I.J.O.S Regional Rosario organizó una radio abierta frente al tribunal federal como vigilia mientas se desarrollaba la jornada: testigos, querellantes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres, agrupaciones políticas como La Cámpora, Kolina, JP Descamisados y Peronismo Militante acompañaron. Más temprano, antes del inicio del juicio, una caravana de autos había unido la periferia de la ciudad con el tribunal. Además de Carlotto, presenciaron la lectura de la causa en una pequeña sala del TOF N° 2 el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Luis Alem, los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro y el querellante Manuel Gonçalves. Por su parte el encargado del programa de Investigación y Memoria del organismo provincial, Matías Moreno, dijo que “estos juicios, reafirman el compromiso con la política de Memoria, Vedad y Justicia contra la impunidad iniciada en 2003 por Néstor Kirchner, que asumió la demanda histórica de los movimientos de Derechos Humanos y la convirtió en política de Estado”. La letrada desigana por la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Carolina Ibañez, sostuvo al final de la jornada que "todos los juicios de lesa humanidad revisten suma importancia, pero cada uno de ellos tiene características que lo hacen único". Sobre la Masacre de la calle Juan B. Justo, la abnogada afirmó que "en este caso se juzga por primera vez a Manuel Fernando Saint Amant, jefe máximo del área 132, responsable militar de las operaciones en San Nicolás y zonas aledañas y la expectativa es una condena a prisión perpetua por la gravedad de los delitos imputados que incluyen la sustracción y el homicidio de menores". "En este primer día de audiencias -continuó Ibañez-, la secretaría de Provincia de Buenos Aires, acompañada por querellantes, familiares de víctimas y organizaciones sociales comienza a recorrer el último tramo de un proceso contra la impunidad. Y siempre, en estos casos, la mayor emoción es saber que estamos recorriendo este camino construyendo un país mejor y rodeados de afectos". Cerca de las 10.30 de la mañana comenzó la lectura ante los tres acusados: el excoronel Manuel Fernando Saint Amant, el antiguo policía Antonio Federico Bossie y el excomisario Jorge Muñoz, acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios. Una de ellas investiga la denominada "Masacre de Juan B. Justo", un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales donde fueron asesinados el matrimonio compuesto por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto a sus dos pequeños hijos Fernando (5) y María Eugenia (3), quien falleció más tarde en el Hospital San Felipe de San Nicolás. En ese procedimiento ocurrido en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de la calle Juan B. Justo de San Nicolás, también fue asesinada Ana María del Carmen Granada, quien alcanzó a resguardar a su bebé de apenas cuatro meses en un placard, envolviéndolo con un colchón, según detalla el expediente. Ese bebé es hoy el joven Manuel Gonçalvez, único sobreviviente de la masacre y querellante juntos a las secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia en la causa por el crimen de su madre. En la causa por la "Masacre de Juan B. Justo" están procesados Saint Amant; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones de la zona; y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz. En tanto, en el juicio también se ventilan los casos de ocho militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en San Nicolás entre abril y mayo de 1987, por los que está imputado Saint Amant. Las víctimas son María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luís Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira, Raquel Rosa Alvira, Víctor Gustavo Almada y Martín Adrián Almada; a los que se añade en la tercera causa la privación ilegítima de la libertad de José María Mastroberardino, quien fuera víctima de la dictadura por alquilar su vivienda al matrimonio Almada-Spotti.
