Según indicaron los legisladores del oficialismo la destitución “resultó violatoria del derecho de defensa y por ende contraria a la Constitución del Paraguay, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los tratados regionales de integración”. En este sentido, observaron “con preocupación que los poderes fácticos de América Latina intentan torcer la voluntad de los Pueblos de construir una sociedad más justa e igualitaria”. Y recordaron procesos similares como el ocurrido en Venezuela con la asonada que derrocó durante 24 horas al presidente Hugo Chávez; la destitución de Zelaya en Honduras, la “rebelión policial” en Ecuador en 2010 donde “resultó elemental la intervención de Néstor Kirchner para revertir lo que parecía un golpe de estado consumado”, indicaron. Y cuestionaron también “la avanzada sistemática que en nuestro país realizan las corporaciones con la pretensión de detener el proceso de transformación iniciado en 2003 y plebiscitado por los argentinos en octubre del año pasado”. En tanto, el bloque del FpV celebró la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al manifestar que “Argentina no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay” y el posterior retiro del embajador en Asunción. Como así también las acciones de todos los mandatarios de la UNASUR y el MERCOSUR “tomadas para garantizar las distintas cláusulas sobre Compromiso Democrático que forman parte de los tratados de integración regional”. Por último, “como hermanos del pueblo Paraguayo” los diputados reclamaron que “se respeten las cláusulas democráticas del MERCOSUR, UNASUR y la CELAC, porque defender las instituciones democráticas es respetar la voluntad popular”.
