El ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quedó detenido este martes luego de que se presentara a declarar ante el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la causa sobre el manejo ilegal de fondos para la construcción de viviendas sociales. El magistrado también ordenó la detención de su hermano, Pablo Schoklender y del ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Alejandro Gotkin, quienes iban a ser indagados en los próximos días. Schoklender, había asegurado que contestaría "todo lo que el juez quiera saber" antes de ingresar a los tribunales de Comodoro Py, donde fue indagado por el magistrado. Había manifestado su disposición a responder todas las preguntas y pasar por un extenso interrogatorio "teniendo en cuenta (el volumen de) la causa". El imputado, asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, recordó que en varias ocasiones había pedido declarar, pero que el magistrado postergaba la fijación de la audiencia porque "cada vez que "inventaban o armaban algo se les iba cayendo". "Entonces había que inventar más", concluyó el ex apoderado antes de retirarse de uno de los pasillos, donde esperaba a ser llamado por el magistrado. En la causa se investiga desde hace un año el destino de 765 millones de pesos que el Gobierno nacional le dio a las Madres para la construcción de viviendas sociales pero que podrían haber sido desviados por empresas manejadas por Schoklender y otros acusados para la compra de bienes como autos, yates y casas. También habían sido citados a indagatoria Pablo Schoklender, hermano de Sergio y también ex apoderado de la Fundación, quien deberá presentarse el jueves; Viviana Sala, la ex mujer de Sergio, y Alejandro Gotkin, ex empleado de Madres y presidente de las empresas Antártica Argentina y Meldorek SA, a través de las cuales se sospecha que se habrían realizado los desvíos de fondos. Todos están acusados de participar de la maniobra y las indagatorias se extenderá hasta el 19 de junio. En tanto, Alejandra Bonafini está citada para el 31 de mayo. El fiscal Jorge Di Lello las había pedido en diciembre pasado la indagatoria para 68 acusados pero Oyarbide citó a poco menos de la mitad al separar las acusaciones en dos partes. Primero fue convocado "el núcleo más cercano al desvío" -empleados de Madres y allegados a Schoklender- y luego será el turno del resto, entre los que se encuentran, por ejemplo, los financistas de la supuesta maniobra. Schoklender está acusado de desviar los fondos públicos que manejaba en la Fundación y de presuntamente comprar 17 terrenos en José C. Paz por 240 mil dólares, una Ferrari 430, dos aeronaves (una valuada en entre uno y dos millones de dólares, y la otra entre 450.000 y 800.000 dólares) y una embarcación. Una de las pruebas centrales contra Sergio Schoklender es la falsificación de las firmas de las autoridades de la ONG "Esperanzas de un cambio" en un contrato por 150 millones de pesos que dio el Estado para construir viviendas en la villa "El Cartón". A eso se suman, al igual que en el resto de los imputados, informes patrimoniales de la Policía Federal y el Banco Central, documentación de la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y de visitas a Chaco, Santiago del Espero y Salta, donde las Madres construyeron viviendas. Por su parte, Alejandra Bonafini fue citada para el 31 de mayo a las 10 y está acusada de formar parte de las presuntas maniobras de Meldorek, ya que la compañía le habría comprado un departamento en la ciudad de La Plata por 25 mil dólares, y por operaciones sospechosas detectadas por el Banco Central por 79.780 y 50.000 dólares. El fiscal Di Lello imputó a los acusados los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta y lavado de dinero. Oyarbide ordenó el 20 de abril pasado las indagatorias al considerar que "existe mérito suficiente" por los "presuntos desvíos de dinero por parte de un grupo de personas y empresas" que provocaron "el presunto fraude en perjuicio de la administración pública, como así también la administración fraudulenta de dicha Fundación y el presunto encubrimiento de dinero proveniente de las conductas ilícitas".
