Los legisladores dieron tratamiento conjunto a varios expedientes sobre el consumo nocivo del tabaco, uno de los cuales lleva las firmas de Juan De Jesús, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista; Walter Martello, de la Coalición Cívica; y Marcelo Díaz, del Frente Amplio Progresista. De Jesús explicó que la norma marca la prohibición del consumo de tabaco en todos los espacios cerrados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en organismos de la constitución, y entes descentralizados y autárquicos. La veda rige para esos sitios, tengan o no atención al público, y abarca asimismo a lugares de trabajo en general, los medios de transporte de pasajeros, cualquiera sea su tipo y distancia, como también en los espacios cerrados de acceso al público, que pertenezcan al ámbito privado. La Cámara de Diputados votó luego el despacho en mayoría propuesto por el oficialismo de beneplácito por la decisión del Gobierno nacional de remitir al Congreso el proyecto de ley de nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La iniciativa lleva las firmas de José Ottavis y de sus pares del FPV-PJ Alicia March, Raúl Pérez, Alberto España y Fernando Navarro. Justamente el último de los oradores se encargó de cerrar las exposiciones y defender, con detalles históricos, políticos, ideológicos y citas de adversarios antiguos y actuales de los “intereses populares”, la decisión de la Presidenta de la Nación de estatizar YPF. Antes, hablaron Juan de Jesús, Oscar Negrelli (Coalición Cívica); Ricardo Jano (UCR); Ramiro Gutiérrez (Proyecto Bonaerense); Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista); Adrián Grana (Nuevo Encuentro); y Marcelo Díaz y Ricardo Vago (FAP). También recibieron respaldo esta tarde y se remitieron al Senado dos proyectos de ley con modificaciones salariales y jerárquicas que benefician a unos 10 mil policías, entre activos y pasivos, que resultaron afectados cuando se cambió el escalafón de los agentes de seguridad bonaerenses. Por último, se aprobó la declaración de emergencia pública en materia social por violencia de género por el término de dos años en la provincia de Buenos Aires. En rigor, se trata de la unificación de los proyectos de Karina Nazabal (FPV-PJ), Fernanda Antonijevic (FAP) y Alejandro Armendáriz (UCR), que entre sus aspectos centrales reclama la adhesión de provincia a la Ley Nacional 26.485 de violencia hacia las mujeres, y faculta al Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias.
