La iniciativa le exige a su vez a la empresa COVIARES S.A. la realización inmediata de las obras comprometidas para la autopista Buenos Aires – La Plata ante el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y los ciudadanos de La Plata. Además de requerir la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión Vial aprobado por Decreto 1368 de fecha 29/09/2004 (Autopista Buenos Aires – La Plata), para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, referido a las obras proyectadas y jamás ejecutadas. “Ante el reciente aumento del cuadro tarifario en la Autopista Buenos Aires-La Plata en “horas pico” cuando el flujo vehicular es mayoritariamente de usuarios platenses que van a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, y a la vuelta de los mismos, entendemos oportuno expresar el rechazo de este Cuerpo ante dicha medida, que generarán importantes perjuicios económicos a los habitantes de La Plata", expresa el comunicado de Irurueta. A su vez, aclara que "de sostenerse este incremento tarifario, en el último año se había incrementado la tarifa en mas del 100%”. “Tras la quita de subsidios a los servicios diferenciales de ómnibus la empresa Costera Metropolitana dispuso un aumento de $5 en su servicio Buenos Aires-La Plata. El boleto cuesta hoy $20 (un 33% más) y pasará a costar $25 desde el 1º de junio. Pero la empresa dispuso además retirar las máquinas de carga de las tarjetas Sube por tratarse de un servicio diferencial sin subsidios del Gobierno Nacional”, explicó el concejal en el marco del reclamo. Irurueta aclaró que "la Nueva Metropolitana, compañía que administra Costera Metropolitana, anunció que se ve obligada a tomar medidas que afectarán directamente a las tarifas y al servicio. La empresa Plaza también, que también dejo de recibir el subsidio del gobierno, ya comunicó que la suba será inminente". "Asimismo, resulta oportuno requerir la realización inmediata de las obras en la Autopista señalada, comprometidas ante los vecinos de la ciudad y la OCCAVI por parte de la concesionaria COVIARES S.A”, resaltó. Irurueta enfatizó que “ante la gravedad de la problemática planteada y la necesidad de proteger a los usuarios de la autopista, se deja solicitada la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad, Autoridad de Aplicación según norma el Decreto 1020/2009".
