Buscan reforzar la protección de imágenes de niños, y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales

El proyecto apunta a actualizar los mecanismos de autorización que utilizan actualmente las escuelas y garantizar que las familias cuenten con información clara y suficiente para decidir cómo pueden difundirse las imágenes de sus hijos e hijas, incorporando además herramientas específicas para reducir los riesgos asociados a la exposición de menores en internet.


“Las escuelas cumplen un rol fundamental en la formación y el cuidado de nuestros chicos y chicas. Por eso creemos que también debemos acompañar los cambios tecnológicos con normas que garanticen mayor protección de su identidad y su privacidad”, señaló la legisladora.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la incorporación obligatoria de opciones para resguardar la identidad de las y los estudiantes mediante el pixelado de rostros, la distorsión de voces u otros mecanismos que impidan su identificación cuando las imágenes sean difundidas públicamente. Además, se establece el derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento y la inclusión visible de información sobre la Línea 102 de asistencia para niñas, niños y adolescentes.

La propuesta también pone especial atención en la prevención del grooming y otros delitos digitales que afectan a las infancias y adolescencias.

“Hoy las imágenes circulan con enorme rapidez y alcance. Necesitamos que las familias cuenten con toda la información necesaria para decidir de manera libre y consciente sobre la exposición de sus hijos e hijas en internet. La prevención comienza con más información y más herramientas de cuidado”, afirmó la legisladora.

El proyecto se sustenta en la legislación nacional e internacional vigente en materia de protección de datos personales, derecho a la imagen y derechos de la niñez, reafirmando el principio del interés superior del niño como eje rector de toda intervención estatal.

En ese sentido, Padulo destacó que “la tecnología ofrece grandes oportunidades, pero también plantea nuevos desafíos. El Estado tiene la responsabilidad de generar marcos normativos que acompañen estos cambios y contribuyan a construir entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes”.