El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Arq. Fernando Tauber, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, suscribieron un convenio marco de colaboración destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia de formación, investigación, asistencia técnica e intercambio de conocimientos.
Del encuentro participaron además el secretario de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional de la Procuración General, Mateo Laborde; la subsecretaria con funciones de titular del Departamento de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional de la Procuración General, Cristina Tabolaro; el secretario General de la Procuración, Carlos Pettoruti; el subsecretario del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Rouillet; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Valeria Moreno; y el secretario de Extensión Universitaria de esa unidad académica, Adolfo Brook.
Al referirse al alcance del acuerdo, Tauber señaló: “La Universidad Nacional de La Plata tiene la responsabilidad de trabajar de manera articulada con todas las instituciones del Estado. Profundizar el vínculo con la Suprema Corte de Justicia significa fortalecer políticas públicas basadas en el conocimiento, con el objetivo de brindar mejores respuestas a la sociedad”.
El presidente de la UNLP agregó: “somos una universidad que no deja de crecer: nuestra comunidad supera las 220 mil personas, tenemos más de 150 institutos de investigación y formamos parte del sistema universitario público y gratuito más importante de la Argentina. Esa dimensión y esa complejidad nos obligan a seguir construyendo vínculos con las instituciones del Estado para aportar conocimiento y generar respuestas a las demandas de nuestra sociedad”.
El acuerdo rubricado hoy establece un marco de cooperación mutua que permitirá desarrollar proyectos y programas de interés común, promover la capacitación profesional, realizar investigaciones conjuntas e intercambiar información científica y tecnológica, consolidando el vínculo entre la Universidad pública y el Ministerio Público bonaerense.
En este sentido, el convenio prevé la implementación de acciones específicas a través de actas complementarias que definirán los objetivos, planes de trabajo, recursos, plazos y responsables de cada iniciativa, garantizando un desarrollo coordinado de las actividades.
En ese marco, la UNLP y el Ministerio Público bonaerense impulsarán un Sistema de Prácticas Preprofesionales destinado a estudiantes de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La propuesta permitirá que los alumnos complementen su formación académica con experiencias prácticas en dependencias del Ministerio Público, favoreciendo su inserción en ámbitos profesionales vinculados a las ciencias jurídicas y fortaleciendo las herramientas necesarias para el futuro ejercicio de la profesión. Asimismo, ambas instituciones promoverán acciones de asistencia técnica, formación académica y generación de conocimiento en áreas estratégicas de interés común, consolidando la articulación entre la Universidad y el sistema de administración de justicia.
Durante el encuentro, Tauber compartió con las autoridades de la Procuración General las principales políticas que impulsa la Universidad Nacional de La Plata en materia de inclusión, bienestar y desarrollo productivo. En ese marco, destacó las iniciativas destinadas a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, junto con el crecimiento sostenido de la investigación científica, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas de la UNLP, concebidas como herramientas estratégicas para aportar soluciones concretas a las necesidades de la comunidad y contribuir al desarrollo del país.
La firma del acuerdo también reafirma el compromiso de la UNLP con la construcción de vínculos institucionales que potencien la transferencia de conocimiento, la innovación y el aporte de la Universidad al desarrollo de políticas públicas.
El convenio tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática por períodos iguales, y no implica erogaciones presupuestarias para las partes, salvo aquellas que pudieran surgir de futuros acuerdos específicos destinados a la ejecución de proyectos concretos.
