El gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, impulsa un proyecto de ley destinado a garantizar un piso mínimo de derechos para las personas que trabajan mediante plataformas digitales.
La iniciativa contempla, entre otros aspectos, acceso a la salud y la seguridad, transparencia en la determinación de los ingresos, acceso a microcréditos para el mantenimiento de las herramientas de trabajo y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad. El Poder Ejecutivo provincial envió recientemente el proyecto a la Legislatura bonaerense, tras un trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno.
La propuesta busca dar respuesta a una modalidad laboral en expansión, en un contexto de transformación del mercado de trabajo y crecimiento de formas de empleo sin protección.
A nivel nacional se estima que entre 600.000 y un millón de personas trabajan a través de aplicaciones. En la provincia de Buenos Aires se concentra gran parte de esa actividad, especialmente en el AMBA, donde se estima que se desempeñan cerca de medio millón de repartidores. Actualmente, el algoritmo determina la organización del trabajo y el valor de cada tarea mediante criterios que no son transparentes para quienes prestan el servicio.
Además, los trabajadores carecen de herramientas para negociar sus condiciones laborales y enfrentan dificultades para organizarse sindicalmente, lo que profundiza la desigualdad frente a las empresas. En ese contexto, el proyecto establece un piso mínimo de derechos.
Entre otras medidas, prevé la obligatoriedad de seguros por accidentes, cobertura médica y condiciones adecuadas en los centros de reparto. Las denominadas tiendas invisibles deberán contar con sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para celulares y resguardo frente a las condiciones climáticas, bajo fiscalización del Ministerio de Trabajo. Al respecto, el ministro Walter Correa sostuvo que “el gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho” y agregó: “La Provincia viene participando de este debate global en la Organización Internacional del Trabajo y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto. Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección”.
La iniciativa incorpora los principales lineamientos surgidos de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que reconoce a las plataformas como organizadoras del trabajo, plantea la necesidad de regular la gestión plural y establece que la protección social y los costos laborales deben ser asumidos por las empresas. Asimismo, toma como referencia experiencias regulatorias desarrolladas en países como España, México, entre otros. Otro de los ejes del proyecto es la creación de una aplicación que permitirá acceder a un botón de emergencia en salud y seguridad, asesoramiento sobre derechos laborales y asistencia para distintos trámites vinculados con la actividad. Además, se prevé una articulación con el Banco Provincia para facilitar microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad. La propuesta encuentra también respaldo en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de primacía de la realidad para determinar la existencia de una relación laboral por encima de la denominación contractual utilizada.
