La actividad sobre falsas denuncias fue organizada por las ONG Fundación Apolo e Infancia Compartida. «Hasta hace tres años no se podía ni hablar de estos temas», coincidieron los disertantes
Este martes se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la jornada “Familias Destruidas”, organizada por la Fundación Apolo e Infancia Compartida en el marco del Día de las Falsas Denuncias. El encuentro se realizó en el Salón Montevideo (Perú 160) y contó con un conversatorio compuesto por dos paneles que reunieron testimonios de víctimas y un debate técnico con especialistas y legisladores.
El panel técnico estuvo integrado por el legislador porteño Yamil Santoro (quien ya presentó tres iniciativas que buscan sancionar estas prácticas y reparar a las víctimas), la senadora nacional Carolina Losada, el senador nacional Juan Carlos Pagotto, la especialista en psicología jurídica y forense Cecilia Schatz (APFRA) y la ex jueza de familia Karina Bigliardi. La moderación estuvo a cargo de Andrea Guacci, miembro del Frente de Mujeres Argentinas. Allí se discutieron herramientas diagnósticas, vacíos legales y propuestas concretas para garantizar el interés superior del niño, prevenir la violencia institucional y evitar que la ideología interfiera en la aplicación de la ley.
Durante su intervención, Santoro afirmó: «Nuestro eje de trabajo está puesto en las reformas institucionales, estamos investigando redes de fiscales, peritos, ONGs y demás, que funcionan de manera amañada o coordinada para hasta a veces vender el servicio de impedimento de contacto o de ventaja judicial. Y, desde el lado legislativo, trabajamos en un registro de instructores de vínculos familiares porque nuestro objetivo prioritario y urgente es, además de que haya justicia en términos penales, la revinculación del hijo con el padre/madre que sufre el desplazamiento».
Y agregó: «La Fundación Apolo trabaja toda la problemática: también tenemos casos donde se realizan falsas denuncias con fines extorsivos o para evadirse del cumplimiento de una obligación de pagar una deuda, por ejemplo. La verdad es que estas distintas formas de abuso del derecho son muy variadas y lo que venimos detectando es que además hay un entramado judicial e institucional que refuerza un funcionamiento sesgado de la justicia».
En tanto, Losada remarcó que «esto tiene que ver con defender la verdad, no debería haber grietas de ningún tipo. Ninguna persona de bien puede sentirse cómoda con la mentira, con que se estafe al sistema judicial, porque la falsa denuncia es una forma de corrupción también. Cuando empezamos a trabajar estos casos en 2022, era políticamente incorrecto, nadie hablaba del tema. Todavía hay mucho miedo a estas organizaciones y profesionales con muy pocos valores y poco respeto a su profesión que hacen mucha plata con esto».
Luego, familiares y víctimas de este tipo de casos relataron sus experiencias y cómo afrontaron cada una de las situaciones adversas que padecieron durante el proceso judicial. Los oradores fueron Norma Igoa, Pablo Ghisoni, Juan Foster y Ramón Dupuy.
Este panel fue moderado por la presidente de Infancia Compartida, María Rosa Ortega, quien manifestó: «Quien recibe una falsa denuncia pierde su vida, cambia radicalmente.
Es un impacto en la moral, en lo más propio del ser humano. Después cuesta volver a ser quien uno era, recuperarse».
Cabe resaltar que Santoro presentó un proyecto sobre el tema en la Legislatura porteña, con el expediente N° 1260/2025, con la incorporación de sanciones de arresto de 20 días en los casos más graves. La iniciativa incluye agravantes en contextos de violencia de género o cuando se prueba que el hecho nunca existió.
En la misma línea, también impulsó los proyectos N° 2450/2025 y N° 2451/2025, que refuerzan el combate a las denuncias maliciosas mediante inhabilitaciones y mecanismos de reparación para las víctimas, consolidando un marco normativo que busca desincentivar el uso abusivo del sistema judicial.
Los organizadores destacaron la importancia de la jornada como un espacio de visibilización y compromiso. Con gran participación de familias afectadas, referentes sociales y especialistas, el evento dejó en claro la necesidad de impulsar políticas públicas que protejan tanto a quienes denuncian delitos reales como a quienes son injustamente acusados
