En la presentación, el legislador explicó que “la tarea penitenciaria se divide en las distintas prestaciones de sus cuadros (Seguridad, Profesional y Técnico, Administrativo y Auxiliares) debiéndose asumir el personal funciones especificas que no son propias de su especialidad, lo cual conlleva un peso extra con motivo de la obligación impuesta por los superiores de cumplir funciones no naturales a su escalafón”. “Hay muchos casos en donde el escalafón administrativo cumple funciones del escalafón general con todas las responsabilidades, deberes y obligaciones de ese escalafón, pero excluyéndolo de los derechos que goza el personal de ese escalafón como son el riesgo de vida, horas extraordinarias de labor y demás”, resumió Garro. El diputado aclaró que “tampoco se le reconoce la antigüedad de permanencia mínima del grado, es decir que el trabajador no se ve recompensado pecuniariamente y percibiendo un salario menor en cumplimiento de iguales tareas o funciones, además de las que originariamente cumple por pertenecer al escalafón administrativo”. El proyecto tiene por objetivo cumplir el principio constitucional de “igualdad de remuneración por igual tarea” previsto en nuestra constitución nacional, el cual según resaltó Garro “no está siendo cumplido en el SPB”. La iniciativa a su vez, busca que haya igualdad en los ascensos, ya que otra de las diferencias existentes entre los escalafones es el tiempo mínimo de permanencia en la jerarquía para el ascenso al grado inmediato superior, siendo en los escalafones profesional y técnico y administrativo, de mayor tiempo que para el escalafón general, en muchos de los grados. Garro remarcó que “en muchos de estos casos nos encontramos con oficiales del escalafón general que han cumplido veinte años de servicio y nunca han cumplido funciones en establecimientos carcelarios, sino tareas netamente administrativas”. “Pero todas estas circunstancias no son por azar o simple casualidad; todo ello se debe a que nos encontramos abordando una problemática que es propia de una fuerza o institución de seguridad, que en la práctica ha tenido múltiples variaciones, pero que en lo legislativo ha quedado relegada”, agregó. El proyecto de ley va a ser tratado en las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e impuestos.
