“La Corte Suprema de la Nación modificó la estructura y composición del Consejo de la Magistratura y colocó a su presidente en cabeza del organismo, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial”, señalaron desde el bloque.
Explicaron que “mediante una nueva resolución que ratifica su posición de diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura, y anunció que el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, como lo ordenaba una ley que fue derogada por el Congreso de la nación en 2006, y aunque aún no estén designados los representantes de todos los estamentos”.
Por cual, señalaron, “dicho comportamiento no solo viola la independencia de poderes sino que otorga a la Corte, y a su presidente en particular, un poder que excede a su rol constitucional”. “Horacio Rosatti, nombrado por decreto del ex presidente Mauricio Macri y designado como presidente de la Corte por voto propio, asume así la máxima autoridad del órgano que designa y remueve a los jueces de la Nación, y adquiere la administración de los recursos del Poder Judicial”, explayaron.
Luego, añadieron que “después de demorar el expediente por 6 años y tener 1.577 días para estudiar la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, la Corte le otorgó al Congreso de la Nación un plazo irrisorio de 120 días para sancionar una nueva ley. Cumplido dicho plazo, y en vez de prorrogar el período para que el Congreso arribe a los consensos necesarios para una nueva ley, la Corte optó por restablecer la ley derogada en 2006 y provocar una crisis de enorme gravedad institucional”.
Así las cosas, continuaron, “desde el Bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires requerimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en un gesto de responsabilidad institucional otorgue al Congreso de la Nación un plazo razonable para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura -el proyecto de ley ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación-.
“En estas circunstancias, es importante que todas las instituciones afectadas se manifiesten públicamente por una salida institucional. Los argentinos aspiramos a que las instituciones que nos gobiernan surjan del debate legislativo como corresponde, sin intromisión de otros poderes del Estado que no detentan dicha facultad”, remarcaron.
Y finalizaron: “El Consejo de la Magistratura requiere una ley del Congreso de la Nación que profundice la democratización del Poder Judicial”.
