La Provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por la distribución de fondos nacionales producto de la complicidad de los gobernantes bonaerenses de los últimos 15 años.
La Ciudad de Buenos Aires ha eclipsado el reclamo por la distribución de fondos federales aunque no sea, ni por asomo, el distrito más perjudicado. Si hablamos de redistribución injusta del valor agregado producido en Argentina, es indiscutible que la Provincia de Buenos Aires lo es.
Con esta última afirmación no busco renegar de la pertenencia de los bonaerenses a la federación, ni mucho menos. Debemos dejar de asociar reclamos justos con discursos extremistas. Por sobre todo, la consideración de este reclamo debe entenderse en base a la propuesta superadora que se planteará, pero antes, creo necesario, esclarecer la magnitud de la injusticia.
Los bonaerenses aportamos más del 35% de la producción y el empleo nacional, y recibimos en concepto de transferencias federales entre un 19 y un 22%. Esta es la mayor brecha entre lo aportado a las arcas federales y los que recibe una provincia, por lejos. Como si fuera poco, en estos porcentajes no se tiene en cuenta que los productores agropecuarios bonaerenses son quienes financian en mayor medida el ingreso de divisas al Banco Central, y a quienes se los retribuye con menos de la mitad de lo que efectivamente generan (producto de la brecha cambiaria, las retenciones e insumos para la actividad importados o precios dolarizados).
Tanto si vivimos en el conurbano, en Bahía Blanca, en Junín, en Mar del Plata o en cualquier lugar de la provincia, todos tenemos algo en común: nos están robando hace 34 años y a ningún gobernador esto le movió un pelo. La sumisión del Poder Ejecutivo Provincial al Nacional ha sido constante desde la vuelta a la democracia. En 1988 se redujeron 26% las transferencias nacionales hacia Buenos Aires y desde entonces nadie ha siquiera intentado revertir esa decisión delictiva.
La alegoría al robo tiene un doble sentido que es especialmente hiriente para los ciudadanos que vivimos en la provincia. La inseguridad ya se ha establecido como un problema estructural. Lo que más resuena hoy son gritos enardecidos que se reducen a pedir “bala”. Sí, hay que castigar a los delincuentes y sobre ellos tiene que caer todo el peso de las leyes vigentes, pero. Ese no es el único problema, también faltan recursos para educación en el caso de la infraestructura escolar. Salud Publica, Justicia. Por citar algunas de algunas injusticias.
Es en la respuesta a esta pregunta es que los dos robos, el del Estado Nacional y el de la inseguridad, se encuentran. El policía que hace falta en la esquina de Berazategui, el patrullero que prevendría el delito en las calles de Morón y el equipamiento de seguridad que le salvaría la vida al efectivo de Bolívar, son los millones de pesos que el Estado Argentino le roba a los bonaerenses todos los días.
Esta injusticia convive con otra que no es menor en su gravedad e inmoralidad, que es la de la falta de austeridad y el control en el gasto. La inversión en seguridad antes descrita podría realizarse si se ordenasen las prioridades estatales, se honrasen los recursos públicos y cada nivel del Estado se atuviese a sus competencias constitucionales. No se puede gobernar con una ley de Emergencia de Seguridad que permite la compra directa sin control publico de los gastos y permite la discrecional en compra de bienes e insumos nunca utilizados por los Servicios Públicos. Por ejemplo la compra de un avión Beach Kraft para traslado de funcionarios que no sirve operativamente para la Seguridad Ciudadana fue comprado por el Ministerio de Seguridad fuera de la mirada de los Organismos de la Constitución.
Las provincias son rehenes de la ineficiente política tributaria Argentina de los últimos 15 años. La generación de empleo, única manera de lograr desarrollarnos, está obstaculizada por esta falta de adaptación a los tiempos que corren. La polarización, incentivada por los políticos de la grieta, no solamente ha destruido la malla social sino que han provocado el estancamiento que sufrimos.
Es necesario que se modifique está injusticia constitutiva de la federación, incorporando porcentajes móviles a la Ley de Coparticipación donde se tengan en cuenta incentivos para la creación de trabajo privado y una reducción federal de la presión impositiva que apunte a balancear nuestra concentración demográfica. Ello solo será posible con una Provincia de Buenos Aires que haga valer los derechos de los bonaerenses plantándose contra la injusticia y la opresión del Gobierno Nacional.
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