Ayer lunes 27, a través de un duro comunicado, todo el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), se pronunció duramente “ante la aparición de hechos que permiten confirmar, definitivamente y sin dudas, que en la Argentina existió durante el gobierno de Cambiemos un artero ataque político, cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otras organizaciones, a los representantes del movimiento obrero”.
Los líderes de la histórica central sindical remarcaron que “el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo GESTAPO nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas”. Todo esto en respuesta a lo expresado por quien fuera ministro de Trabajo bonaerense, durante la gestión de gobierno de Cambiemos, Marcelo Villegas.
“Nos encontramos con un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, donde el fin no era otro que quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y con causas armadas a dirigentes sindicales”, enfatizaron desde la CGT, en el escrito que fue difundido públicamente.
Además, subrayaron, “desde la CGT queremos rechazar enfáticamente este tipo de maniobras que se alejan de las prácticas democráticas que necesitamos para construir un país donde la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y armonía social” y remarcaron que “el modo de discernir las diferencias siempre es la discusión política y nunca puede ser la ilegalidad de una coacción de quienes representan al Estado”.
“Coacción que tenía por objetivo atacar a los más débiles y sus instituciones obreras en la búsqueda de la quita de derechos y de representatividad gremial. Urge que la Justicia tome directa intervención ante esta denuncia y avance aplicando la ley que estos funcionarios pretendían forzar y evadir”, prosiguieron.
Finalmente, expresaron que “los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores. Cada beneficio en cualquier Convenio Colectivo o en el marco legislativo de protección laboral ha sido el producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede, ni debe, someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a los socios de turno”.
