La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de autoría de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller sobre el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.
En estos graves momentos por los que atraviesa no solo nuestro país, sino también la humanidad con relación a la pandemia COVID-19, han quedado plasmadas en la realidad, las enormes desigualdades existentes en nuestro país y en el mundo. Un puñado de personas, que concentran la mayoría de los ingresos del PBI mundial viven con igual ingreso, que miles de millones de personas que no logran acceder a sus necesidades básicas. Estamos ante un mundo de excluidos.
Esta situación pone a prueba la sustentabilidad democrática, en el sentido de que nuestros pueblos se encuentran en una “democracia real y social”, en la que se deberían satisfacer necesidades elementales del hombre y la mujer, y que dé respuestas ante las contingencias donde la dignidad de la persona, pasa a ser el elemento principal de la cohesión social, diríamos nosotros, de una verdadera “comunidad organizada”.
Desde hace largo tiempo, se vienen proponiendo desde los sectores académicos grabar los capitales y las riquezas más importantes, para construir un sistema tributario más justo que ayude a superar los desequilibrios entre los pocos que más tienen, y los miles de millones que menos tienen. La tasa TOBIN sobre los capitales y transferencias financieras internacionales, inclusive la renta social universal, han puesto sobre la palestra las injusticias de nuestras sociedades y un globalismo que no da respuesta a los derechos humanos fundamentales de las y los trabajadores.
Este escenario particular que hemos visto en la actualidad con relación al COVD-19, puso en jaque no solo las economías, sino que ha demostrado las fragilidades de los sistemas de seguridad social, en especial la injusticia tributaria de los países que han rendido culto al Neoliberalismo. Ello ha quedado muy en claro en nuestro país con relación a los impuestos, al consumo que son prevalentes por sobre los impuestos a los bienes y las ganancias.
Eso implica no solo una cuestión que hace desiguales las posibilidades de acceso a una vida digna, sino que además trajo como consecuencia el aumento de la pobreza en nuestro país, y a nivel global, exclusión y desempleo.
El otro correlato de esta situación y de este modelo regresivo de tributación, implica además una ausencia de regímenes de seguridad social y salud, que al compás del capitalismo han sido degradados a su mínima expresión, y a niveles de supervivencia de la mayoría de las poblaciones.
Este aporte “solidario y extraordinario” que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, recoge experiencias que se están discutiendo en el mundo, como, por ejemplo, Canadá, España, Italia, Alemania, inclusive nuestros países vecinos como Chile y Perú.
Es de toda necesidad que esta iniciativa de Justicia Distributiva, que será tratada en el Senado, con imputación efectiva a la contingencia de la pandemia, a equipamientos de salud, a esquemas productivos de asistencia y a quienes más necesitan, como producto de la crisis mundial que transitamos; nos haga abordar de una vez por todas una discusión acerca del sistema tributario argentino, y que lo convierta en un sistema que tienda a la igualdad, y a la distribución del ingreso como ha sabido ocurrir en nuestro país a inicios de la década del 70 del siglo pasado. Este proyecto va en camino de la búsqueda de justicia y solidaridad y de una sociedad más igualitaria.
“El Justicialismo posee una teoría económica propia, en la que el capital está al servicio de la economía, y esta, al del bienestar social”, Juan D. Perón.
