El comunicado, además, plantea una serie de puntos que se desprenden del pormenorizado informe elaborado por el Poder Ejecutivo Bonaerense sobre la Revisión Tarifaria Integral (RTI), llevada adelante en 2017 y de la que se evidencia que las Empresas Privadas Eléctricas (EDELAP, EDES, EDEN y EDEA):
1.- Efectivizaron excesivos aumentos en las facturas de los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) que van entre el 2000 % y el 3500 % en solo 3 años.
2.-Las cuatro distribuidoras tuvieron un extraordinario crecimiento patrimonial, con un correlato en el crecimiento de los resultados netos, los que aumentaron entre 498% y 644% entre los años 2015 y 2018.
3.- La distribución de dividendos, entre 2016 y 2019, medida en dólares, aumentó un 1.832% punta a punta.
4-Las fabulosas ganancias obtenidas por las cuatro empresas no se tradujeron en mayores inversiones, ya que las inversiones comprometidas representan el 48% de las necesarias para el sostenimiento del servicio.
5.-Se observan muy bajos niveles de cumplimiento en las inversiones comprometidas que oscilan entre 46 % y un 61 % en los años 2017 a 2019, además de sobreestimarse las que se realizaron y de un nulo control de ellas por parte de la Autoridad Regulatoria.
6.-Hubo estimación errónea de la antigüedad de los activos que redundó en mayores ingresos para las empresas (la metodología utilizada para valorizar la base de capital, supone que todas las instalaciones y las redes se estrenaron en el año 1997).
7.- Todo ello acompañado por el vaciamiento del ente de control (OCEBA), y su estado deficitario en todos sus componentes (normas, recursos humanos, instalaciones).
“Por todo ello solicitamos la constitución de dicha Comisión Bicameral, entendiendo que se debe investigar si hubo responsabilidades de los funcionarios que permitieron los Tarifazos que llevaron al endeudamiento de muchas familias bonaerenses, y también para determinar que niveles de inversión verdaderos realizaron las empresas como paso previo a discutir si corresponde o no una nueva actualización de sus tarifas”, señalaron.
Además, remarcaron que “creemos que es un derecho de todos los usuarios saber en forma adecuada y certera cuales fueron los motivos que justificaron tremendos, abusivos y confiscatorios aumentos, condenando al empobrecimiento energético de muchos de ellos y sus familias”.
Y subrayaron: “También estamos convencidos que es el momento de ser audaz y pensar en la posible DESPRIVATIZACIÓN de las actuales concesiones, ya que estas empresas solo han demostrado bajos niveles de inversión, mala gestión y tarifas cada vez más impagables para las usuarias y usuarios, pero con extraordinarias ganancias para las empresas”.
“Creemos, que recorrer este camino nos permitirá hacer realidad las tarifas justas, razonables y accesibles porque como siempre decimos, los Servicios Públicos son Derechos!!!”, finalizaron.
