Esa masa de dinero queda en poder del sistema financiero. Los comercios y las pymes encima pagan costes por comisiones y lo correspondiente al posnet. Los bancos señalaron que el proyecto es “inviable” por razones “contractuales”. Comercios y pymes sostuvieron que es “urgente” para costear sus gastos y para ampliar el uso en la población del pago vía débito.
En una reunión conjunta, las comisiones de Finanzas y de Comercio avanzaron en el tratamiento del proyecto que establece la obligatoriedad de acreditación inmediata en cuenta de comerciantes minoristas, mayoristas y pymes del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito.
La iniciativa que motorizó la diputada Fernanda Vallejos desde la presidencia de la comisión de Finanzas, apunta a regular desde el Poder Legislativo el destino de los fondos que permanecen en manos de los bancos por 48 hs -en algunos casos hasta 72 hs- una vez realizados los pagos con tarjetas de débito, a pesar de que los consumidores reciben el descuento automáticamente.
Esa masa de dinero diaria queda en poder de los bancos, que les cobran a los comercios y las pymes las comisiones en concepto de pago de servicios y, además, les cobran por posnet. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en base a datos del Banco Central, las compras con tarjetas de débito alcanzaron los $72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos $652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas.
“Es la aspiración de esta presidencia poder construir en el marco del diálogo la mejor respuesta posible a los temas que estamos abordando sin perder de vista que, lógicamente, los actores involucrados son de envergadura diversa”, sostuvo Vallejos al cierre de la reunión. Y continuó: “Esto nos obliga, necesariamente, a contemplar la diversidad de situaciones que se presentan y atender, con especial énfasis, en ese concierto de intereses, porque es ese el rol fundamental que debe cumplir la legislación, en proteger a los agentes más débiles de este ecosistema”.
“Estoy segura que, con este espíritu y siempre con vocación constructiva -prosiguió la legisladora, vamos a poder avanzar en alcanzar las mejores respuestas, en lo que refiere a los temas que nos ocupan, en particular, pero con la perspectiva de que ello contribuya a mejorar el bienestar, en general, de nuestra comunidad nacional, en especial en un momento tan crítico como el que nos toca enfrentar”.
Durante la comisión expusieron directivos de entidades bancarias y empresas de tarjetas. Quince días atrás, en la primera reunión de comisión para tratar el proyecto, lo habían hecho representantes de cámaras y confederaciones del comercio.
Expusieron hoy Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Ferfil; Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas de Crédito no Bancarias; César Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra; Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina; Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos; Hugo Flores, director ejecutivo Asociación de la Banca Especializada; Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco (CAME); Alejandra Ruiz, gerenta general de la Cámara de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirstein, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.
Las exposiciones
Durante las intervenciones, los comercios y pymes expresaron un rotundo respaldo a la medida. Por la CAME, Beatriz Tourn aseguró que “este proyecto es justo porque va a tener un impacto inmediato, va a aportar liquidez a los comercios”. Y agregó que su entidad recibió notas de todas las regiones del país promoviendo e impulsando que se instrumenten estas herramientas de inclusión financiera.
Por el lado de almaceneros, autoservicios y comerciantes minoristas de Córdoba, Alejandra Ruiz pidió “tener acreditadas más rápido las ventas de los comerciantes”, porque “el comercio minorista no tiene espaldas para afrontar las compras en efectivo”. “Esto va a generar mayor acceso y aceptación del dinero virtual”, agregó. Y detalló cómo perjudicó la pandemia a estos sectores. “Han cerrado 827 locales de muy diversos rubros, son 3 por día”.
Claudio Cesario, en tanto, en representación de los bancos, señaló que el proyecto es de “imposible cumplimiento” por motivos “contractuales”. “La operatoria de tarjeta de débito no se regula localmente, sino por contratos internacionales iguales para todos los países”.
También afirmó que el proyecto va a afectar las ventas. “Modificar los plazos de acreditación va a afectar aún más la sostenibilidad y los objetivos que busca el Ministerio de Producción de reactivar la economía a través del consumo interno”, agregó.
César Bastien, de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, dijo que el problema es la carga impositiva. “Hay que trabajar en las cargas impositivas, ya que las que se le ponen desde el Estado distorsionan la visión que los comerciantes tienen de las tarjetas”. Y amplió: “Si realmente queremos que más comerciantes acepten tarjetas, tenemos que trabajar en estos aspectos impositivos reduciendo la carga”.
También refirió que los aranceles de las tarjetas crédito y débito en Argentina son inferiores a las de otros países de la región.
Por último, por las pymes, Gabriel Safirstein aseguró que para este sector el proyecto es “urgente”. “No hay motivos para que ningún banco o entidad de tarjetas retenga nuestro dinero durante 48 o 72 hs”. A su vez refutó las comparaciones de los aranceles en Argentina con respecto a otros países de la región.
“No es lo mismo retener el dinero de una cantidad enorme de transacciones financieras durante 72 hs en un lugar de primer mundo donde la tasa de interés es del 1% anual, con Argentina, donde la tasa de interés está muy por encima, y la inflación es alrededor del 3% mensual”. Y concluyó: “Es una comparación poco feliz que no toma en cuenta nuestra circunstancia en particular”.
El impacto económico de la pandemia afectó a los comercios y a las pequeñas y medianas empresas, que atravesaban un complejo cuadro de situación por la recesión de los últimos dos años. Como contrapartida, en 2019 la rentabilidad neta de los 52 bancos privados del país representó $ 302.863 millones, mientras que en 2018 había sido de $144.428 millones, según datos del último informe sobre Inclusión Financiera del Banco Central.
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